La aprobación de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión, que incluyó un discurso de 15 horas por parte del diputado Jaime Naranjo (PS), continuará ahora su tramitación en el Senado, cuyos miembros tendrán en sus manos el futuro del Mandatario.

En esa instancia, el primer paso se dará cuando la presidenta de la corporación, Ximena Rincón (DC), sea notificada del resultado de la votación en la Cámara Baja, tras lo cual se establecerá un plazo de entre cuatro y seis días para fijar la definición del líbelo en Sala, en donde sus 43 miembros analizarán el texto acusatorio.

Asimismo, la Cámara de Diputados designará una comisión compuesta por tres legisladores, quienes realizarán la presentación del proceso y defenderán sus fundamentos ante los senadores, quienes actuarán como un jurado, por lo que no podrán pronunciarse sobre la materia en los días que siguen.

No obstante, el principal escollo que tendrán que sortear los impulsores de la acusación será el alto quórum que se requiere para aprobar la iniciativa, ya que necesitan dos tercios de los votos: Es decir, 29 sufragios, cinco respaldos más de los que tiene la oposición, los cuales tendrán que buscar en el oficialismo. Por esta razón, se ve poco probable que la acusación sea aprobada.

Al respecto, tras protagonizar su extensa alocución, Naranjo abordó esta situación, señalando esta mañana que "desde el primer momento hemos actuado con la alegría y la esperanza de que vamos a cumplir nuestro objetivo, de tal manera que será una tarea nuestra convencer a los senadores para que se apruebe la acusación constitucional".

A diferencia de lo que ocurre con otras autoridades que pasan por este proceso, como ministros de Estado o miembros del Poder Judicial, Piñera no quedará suspendido en sus funciones, ya que es el único cargo que no pierde sus atribuciones aun cuando se haya aprobado la admisibilidad.

Sin embargo, de ser aprobada la acusación, el gobernante quedará destituido de su investidura y no podría ejercer ninguna función pública en cinco años.