El Congreso decidió este miércoles prorrogar por otros 15 días, hasta el próximo 10 de febrero, el estado de excepción constitucional de emergencia en cuatro provincias del sur del país: Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

Con 16 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Senado aprobó cerca de las 20:00 horas extender la medida, que se decretó el 12 de octubre y ya ha sido ocho veces prorrogada (una por el Ejecutivo y siete por el Congreso).

Más temprano, la Cámara de Diputadas y Diputados visó la prórroga por 70 votos a favor, 48 en contra y cuatro abstenciones.

"No es sólo mayor seguridad, sino que también una sensación de mayor seguridad donde se vive un gran nivel de violencia", señaló el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

"Cuando vemos que en el periodo anterior (a la militarización) había, en promedio, 5,5 hechos de violencia diarios en la macrozona sur y luego del estado de excepción ese promedio bajó a 2,9, es decir, un 48 por ciento menos de hechos de violencia, podemos decirle a los residentes de la zona que, al menos, los esfuerzos estamos haciendo se traducen en menor violencia en la zona", afirmó la autoridad.

Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno en la solicitud al Congreso, se reiteró que la medida obedece al aumento y concentración de actos de violencia cometidos en la zona. Se explicitó que ellos están vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

Se remarcó que la situación es un atentado contra la vida e integridad física de civiles y de efectivos policiales perpetrado por grupos armados. Entre las acciones se incluyó la destrucción de diversos inmuebles como iglesias y escuelas. Asimismo, atentados en contra de instalaciones y bienes del ámbito turístico, agrícola y comercial.

El estado de excepción "ha sido una medida necesaria para prevenir y lograr reducir la ocurrencia de hechos de esta naturaleza, controlar los grupos armados que amenazan y atentan contra personas y bienes y, con ello, resguardar a la población", se recalca en la petición.

Entre los argumentos también se destaca el amplio consenso expresado en la Región de La Araucanía a favor del despliegue militar en una consulta pública realizada entre el 5 y el 7 de noviembre del año pasado.

Se acotó, igualmente, que la medida permite la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en aras de proteger a la población. Esto se refleja en el apoyo, a través de su personal y medios tanto en fiscalizaciones marítimas, patrullajes mixtos y vigilancia aérea.

En ese sentido, la solicitud señaló que, pese a la efectividad de la acción, ésta no resulta suficiente, por lo que se requiere su mantención. Ello, considerando los cuatro homicidios ocurridos la semana pasada en Angol, Cañete y Carahue.

Por otra parte, manifestó su preocupación por proteger a brigadistas que combaten incendios forestales, quienes deben contar con la seguridad para realizar su labor.

Finalmente, se reiteró que es deber del Estado cumplir su tarea de proveer seguridad a las personas, y permitir que vivan en paz y ejercer sus libertades y derechos, sin miedo y sin violencia. Además, de velar por el respeto del estado de derecho.