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11/08/2022
Se conocieron los cinco puntos que los líderes del oficialismo acordaron ayer para realizar cambios al texto propuesto por la Convención para la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de este 4 de septiembre.
El documento fue firmado por el Partido Por la Democracia, el Partido Liberal, Acción Humanista, Movimiento Unir, el Partido Socialista, el Partido Radical, Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde Social, el Partido Comunista y Convergencia Social.
En el acuerdo, el oficialismo afirma que de esta manera buscan "contribuir a que las chilenas y chilenos (...) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo".
El oficialismó llamó a la ciudadanía a "conocer la Nueva Constitución, así como este acuerdo de implementación y mejoras, con el ánimo de que el pueblo chileno se pronuncie con el mayor grado de certeza posible y la absoluta convicción de que es un avance sustantivo para fortalecer la democracia en nuestro país y lograr los cambios anhelados".
Los cinco puntos son: Plurinacionalidad, Derechos sociales, Seguridad, Sistema Político y Poder Judicial.
El primero de los puntos aborda la plurinacionalidad donde si bien "valoran el avance", identificaron "temas que buscamos aclarar, respetando los principios establecidos en el Convenio 169, actualmente en aplicación en Chile".
Así, propusieron que la consulta indígena se aplique "sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas". En cuanto al consentimiento previo, en tanto, se explicitará que sólo será aplicable a la "regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales".
El texto además abordó las autonomías territoriales donde manifestaron que se realizarán de acuerdo "con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas", para lo cual se establecerá "expresamente" que sus atribuciones deben ser "coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile".
Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la "igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos". En ese sentido se precisará que "la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales".
Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación "del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional".
También el documento especificó sobre la propiedad de las viviendas, afirmando que está "absolutamente asegurada". El oficialismo confirmó que "se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia".
Además, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud asegurando que esta iniciativa "permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados". Así, añade el documento, "bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud".
El texto también contempla la educación como derecho afirmando que "en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación".
Los partidos del oficialismo abordaron los cuestionamientos referentes a los Estados de Excepción. En el documento proponen "establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho".
En este acápite, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención "para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales".
En cuanto a las iniciativas de gasto fiscal, los partidos de Gobierno anunciaron que consideran necesario "eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al estado". Además, agregan que "la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal".
Finalmente, en este punto, el oficialismo acordó que "para una mejor administración del Poder ejecutivo y los propios procesos político-electorales, que la reelección presidencial no proceda consecutivamente".
Finalmente, los partidos del Gobierno abordaron la independencia del Poder Judicial, para lo cual proponen "reemplazar, en la Constitución, la denominación 'Sistemas de Justicia' por la de 'Poder Judicial'".
"Proponemos también -añade el texto- revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos".
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