Un reciente informe de la Superintendencia de Educación revela un aumento significativo en las denuncias por discriminación en el ámbito escolar durante el período 2022‑2024: de 1.220 casos pasó a 2.039, lo que representa un alza de 67 %. 

Aunque el maltrato físico y psicológico sigue siendo la forma de conflicto más frecuente en los establecimientos educacionales —registrando 7.967 casos en 2024— su proporción dentro de las denuncias de convivencia ha descendido: del 63 % en 2022 al 57 % en 2024. Esto indica que otros fenómenos, como la discriminación, están cobrando mayor peso en las dinámicas escolares. 

Según el informe, la discriminación representaba un 7,5 % del total de denuncias en 2022. En 2024, esa cifra escaló al 10,7 %.  Para autoridades y especialistas, este crecimiento no puede entenderse sin considerar factores estructurales, sociales y educativos subyacentes.

Causas en juego y áreas de acción

  • El informe apunta al aumento en la matrícula migrante como uno de los factores que tensionan la convivencia intercultural en las aulas. 

  • Cambios en las dinámicas tras la pandemia, así como el deterioro en la salud mental infantil y juvenil, también se mencionan como elementos que exacerban manifestaciones discriminatorias. 

  • Además, el documento describe que muchos casos llegan a denunciarse formalmente porque las comunidades educativas carecían de herramientas para abordarlos oportunamente. 

  • Se subraya que fenómenos colaterales también muestran alzas: las denuncias relacionadas con el autismo crecieron un 149 % entre 2022 y 2024 (de 723 a 1.799 casos), mientras que el ciberacoso registró incrementos interanuales del 11 % en 2023 y del 7 % en 2024. 

La superintendenta Loreto Orellana afirma que la institución está impulsando nuevos procesos de gestión y acompañamiento, con enfoque en la prevención, la mediación y el fortalecimiento de las capacidades internas de los establecimientos para resolver conflictos antes de escalar. 

Llamado y compromisos

  • Fortalecer la capacitación de toda la comunidad educativa —docentes, estudiantes y apoderados— en temáticas de convivencia, inclusión y diversidad.

  • Desarrollar protocolos internos sólidos en los colegios para detectar y responder casos de discriminación sin necesidad de acudir directamente a instancias externas.

  • Incentivar la colaboración entre Estado, unidades educacionales, familias y organizaciones civiles para construir políticas coherentes que aborden esta problemática de forma sistémica.

  • Monitorear los avances mediante estadísticas públicas y mecanismos de evaluación continua para ajustar las estrategias de intervención.

La escalada de este tipo de denuncias obliga a replantear la cultura escolar más allá de sanciones: se exige un compromiso real con el respeto, la diversidad y los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.