Un total de 485 funcionarios públicos de la Administración Central se encontraban suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, según reveló la Contraloría General de la República.
El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 advierte sobre la excesiva y prolongada duración de estas medidas, detallando que 30 personas superan los tres años en dicha condición, de los cuales 13 acumulan más de cuatro años.
El caso más extenso corresponde al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) con una suspensión de 4 años y 7 meses, seguido por el SLEP Santiago Centro (4 años y 6 meses) y el SLEP Atacama (4 años y 2 meses), registrándose además un gasto fiscal de 671 millones de pesos destinados únicamente a remuneraciones de los 10 casos más prolongados.
Ante esta situación, la Contraloría ordenó que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años sean asumidos directamente por el organismo fiscalizador para continuar su tramitación y determinar eventuales responsabilidades de las autoridades.
Asimismo, las entidades con funcionarios suspendidos por más de un año tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar el cierre de los procesos, justificar su continuidad o detallar acciones de agilización.
Paralelamente, el organismo emitió el Instructivo N°29 para reforzar el control sobre estas medidas provisionales -las cuales no deben exceder los plazos razonables para evitar arbitrariedades- y exigió que todas las resoluciones sobre suspensiones preventivas sean reportadas a través del Sistema de Acciones Derivadas (SIAD).
