Las últimas cifras regionales de desocupación (10,6%) e informalidad (27,6%), entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dieron cuenta de una profundización de la denominada “emergencia laboral” que golpea con fuerza a la Región del Biobío y también al país.
A este escenario se suma la reciente proyección del Banco Central, que redujo el crecimiento económico del país para este año a un rango de entre 1% y 1,75%, lo que podría incidir en una menor creación de plazas de trabajo.
De ahí la relevancia que cobra el impacto positivo proyectado para el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) en la zona. Según datos del Observatorio Laboral Biobío, este aporte estatal, cuya entrada en vigencia está fijada para el próximo 1 de octubre, podría alcanzar a 50 mil beneficiarios.
El doctor Luis Méndez, director de la entidad y académico de la Universidad del Bío-Bío (UBB), analizó los aspectos centrales del beneficio. “Los sectores que podrían verse más favorecidos con el Subsidio Unificado al Empleo son el comercio al por mayor y menor, servicios sociales y personales, agroindustria, hoteles y restaurantes. Estos rubros emplean predominantemente a jóvenes y mujeres, sobre todo el comercio y el retail. En servicios sociales y personales se concentran los servicios de guardias y personal doméstico, mientras que en la agroindustria destacan las personas mayores de 55 años y mujeres”, precisó.
Respecto de la cobertura, el Dr. Méndez afirmó que el último pago anual de este tipo de aportes realizado por el Sence cubrió a 44 mil personas. “Si consideramos que esta vez el subsidio incorpora a mayores de 55 años y personas con discapacidad, el universo se amplía. El espacio potencial es el total de desempleados, que en la región supera las 80 mil personas; con esta escala, el beneficio podría superar los 50 mil trabajadores”, estimó.
Detalles del Gobierno
Camila Álvarez, seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, detalló los alcances del instrumento. “Es una herramienta concreta y eficiente para focalizar los subsidios que hasta marzo de este año existían para los grupos prioritarios definidos por ley, con el fin de fomentar el empleo formal. En ese sentido, se aprobó una ley que entra en vigencia este 1 de octubre”, aseguró.
La autoridad detalló que el SUE apuntará a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, grupos que previamente recibían aportes administrados de forma independiente. “Para facilitar la información, el acceso y la postulación, se crea este subsidio que administrará el Sence. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años, mujeres de entre 25 y 54 años y personas desde los 55 años, además de personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad mayores de 18 años. Beneficiará tanto a trabajadores como a empresas del sector privado que contraten a estos grupos y cumplan con los requisitos legales”, indicó.
Aporte monetario y topes
Respecto del financiamiento, la seremi explicó que el beneficio es dual. “Es un aporte tanto para el empleador como para el trabajador. Para el empleador se mantiene mientras dure la relación laboral y se cumplan los requisitos. Para el trabajador de estos grupos prioritarios, el aporte rige por un periodo de hasta 12 meses, extendiéndose hasta 15 meses en el caso de las personas con discapacidad”, precisó.
En cuanto a los montos, el subsidio cubrirá hasta un 20% de la remuneración bruta del trabajador y hasta un 20% del sueldo bruto pagado por la empresa. En conjunto, ambos incentivos deberán sumar un máximo del 30% por cada grupo prioritario. “La empresa tiene un límite máximo de postulación de hasta 200 trabajadores beneficiarios, un tope relevante en la aplicación de la norma”, agregó Álvarez.
Requisitos de postulación
El subsidio exige condiciones específicas para empleadores y postulantes. Para las empresas, se requiere ser contribuyente de primera categoría, estar al día en las cotizaciones previsionales, no haber tenido relación laboral con la persona en los últimos 12 meses, postular dentro de los primeros tres meses del contrato y no registrar condenas por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales.
Para los trabajadores, se exige contar con una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales ($1.245.494 aprox.), haber permanecido en situación de desempleo durante seis meses continuos u ocho discontinuos en los últimos 18 meses, pertenecer al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, requisito del cual quedan exentas las personas con discapacidad, y cumplir con las edades de los grupos prioritarios.
Asimismo, la seremi aclaró que el beneficio es independiente de las herramientas de activación laboral de corta duración. “El subsidio a la contratación es temporal por cuatro meses, mientras que el Subsidio Unificado al Empleo es una medida permanente que el Estado entregará a estos grupos prioritarios”, enfatizó.
Ante posibles dudas sobre el reglamento de la ley, Álvarez confirmó que la fecha de inicio se mantiene firme. “El subsidio entra en vigencia en octubre, tal como lo indica la ley. El reglamento suscrito entre el Ministerio del Trabajo y Hacienda regulará la operatividad, la acreditación de documentos y las fechas de pago, detalles que informaremos en las próximas semanas. Sin embargo, los requisitos generales no cambiarán y rigen desde octubre”, cerró.
Valoración desde el sector pyme
Por su parte, Humberto Miguel Cerda, presidente de Asem Biobío, valoró la medida señalando que podría tener un efecto positivo importante para las PyMEs, debido a que “reduce temporalmente el costo y el riesgo de contratar trabajadores formales. En regiones como la del Biobío, con una alta tasa de desempleo, es una buena herramienta para facilitar contrataciones en el comercio, servicios e industria”.
No obstante, el dirigente gremial advirtió sobre las condiciones para su éxito. “Para que sea efectivo, la tramitación debe ser sencilla, las postulaciones ágiles y los pagos oportunos. Por ello, como Asem Biobío realizaremos charlas informativas junto al Sence para orientar las postulaciones”, añadió.
Finalmente, Miguel recordó las exigencias internas para las empresas. “La PyME debe estar ordenada, sin deudas laborales, previsionales ni multas pendientes. Debe planificar sus contrataciones y validar adecuadamente los antecedentes de las y los trabajadores antes de la firma de contrato para postular con éxito”, dijo.