El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició un despliegue nacional de fiscalización, dirigido al mercado de cuidado de mascotas, específicamente en clínicas veterinarias y centros de atención veterinaria.
El objetivo de esta acción es corroborar la conducta de los proveedores de este mercado y revisar el cumplimiento de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC).
Durante el despliegue el Servicio revisa aspectos relevantes relacionados con la Información veraz y oportuna, tales como la identificación del jefe de local, la exhibición de precios, también en materia de publicidad, promociones y ofertas y sobre el cumplimiento del ofrecimiento de algunas veterinarias del servicio 24/7; así como la Seguridad en el Consumo, verificando que los centros de atención entreguen información clara sobre a las características, riesgos y cuidados derivados de la ejecución del servicio, que cuenten con los registros y autorizaciones que la normativa les exige, así como con la atención de profesionales calificados.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Si bien el despliegue nacional se encuentra en pleno desarrollo por parte de los equipos fiscalizadores de SERNAC, algunas observaciones preliminares dicen relación con:
● La falta de información de precios de los servicios ofrecidos y la identificación del jefe de local. Siete de cada diez locales no mantienen una lista de precios visible y accesible. La práctica extendida es entregar valores únicamente de forma verbal o mediante presupuestos al momento de la atención.
● Un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.
● Como aspecto positivo, la totalidad de las clínicas fiscalizadas cumple con la exigencia de aplicar formularios de Consentimiento Informado escrito previo a intervenciones quirúrgicas o de sedación.
Una vez que el despliegue nacional finalice y se analicen la totalidad de los hallazgos, SERNAC definirá las acciones legales, en caso de que corresponda, contra aquellos proveedores que afecten gravemente los derechos de las personas consumidoras.
