Diversas municipalidades de la Región del Biobío han sido galardonadas con recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM) correspondientes al año 2026, un programa impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que busca estimular y premiar las mejoras en la administración local.  

Para acceder a estos montos, las comunas lograron posicionarse en lo más alto de sus respectivos grupos socioeconómicos y territoriales tras ser evaluadas bajo estrictos indicadores. 

Entre los parámetros medidos destacan el estado de la deuda previsional, la correcta reportabilidad a la Contraloría General de la República, la eficacia en el cobro de patentes municipales, el equilibrio entre ingresos y gastos de funcionamiento, y los niveles de Transparencia Municipal.  

En total, la Región del Biobío se adjudicó la importante suma de $1.347.292.979, cifra que surge de la suma de los montos otorgados a las catorce comunas beneficiadas en la zona. El detalle de la distribución es el siguiente:

Cañete: $124.872.833  
San Rosendo: $123.300.658  
Lebu: $119.264.369  
Santa Bárbara: $119.129.087  
Tucapel: $99.874.132  
Laja: $98.227.278  
Santa Juana: $95.350.331  
Contulmo: $94.432.640  
Florida: $93.615.826  
Arauco: $89.309.217  
Hualpén: $75.381.964  
Chiguayante: $72.866.564  
Concepción: $72.387.925  
San Pedro de la Paz: $69.280.155 

Respecto a este importante hito, la jefa regional de la SUBDERE, Ana María Abello Aguillón, destacó el compromiso de los municipios: "Reconocemos y valoramos el enorme esfuerzo y la responsabilidad institucional de estas catorce comunas. Estos recursos son un incentivo a las buenas prácticas y se traducirán en proyectos concretos de inversión que mejorarán directamente la calidad de vida de las familias en la Región del Biobío".

Los municipios deberán incorporar estos recursos en sus presupuestos bajo el ítem de transferencias para gastos de capital. De acuerdo con la normativa del fondo, el dinero debe destinarse obligatoriamente a iniciativas de inversión, adquisición de activos no financieros o a transferencias de capital para el Programa de Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

Las municipalidades galardonadas tienen como plazo máximo para ejecutar el 100% de los recursos hasta diciembre de 2027. Además, tendrán la estricta obligación de rendir cuenta sobre el uso de los fondos a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) de la Contraloría General de la República, y deberán reintegrar cualquier saldo que no logre ser ejecutado o rendido en el plazo establecido.