El gasto fiscal de la gratuidad en la educación superior se cuadruplicó en términos reales desde su implementación, en 2016, y alcanzó los $2.225 mil millones en 2025, según concluye un estudio de la fundación Acción Educar.

Del total desembolsado el año pasado, cerca de dos tercios se destinaron a universidades. En promedio, el gasto por estudiante llegó a $4,5 millones en ese sector y a cerca de $2,5 millones en los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).

El análisis se conoce en medio de la discusión del Presupuesto 2027, cuyo proyecto contempla $2,6 billones (US$2.651 millones) para la gratuidad el próximo año, el segundo ítem más alto en educación. Pero además de entregar cifras, el informe de Acción Educar deja una serie de conclusiones y recomendaciones.

Las conclusiones

En materia de resultados, el informe sostiene que, pese al aumento de titulados que financiaron toda su carrera con gratuidad, "no es posible concluir que la política haya generado un aumento en la titulación del sistema".

Al mismo tiempo, el estudio señala que los 272.508 estudiantes que recibieron el beneficio durante al menos un año y desertaron de la educación superior provocaron un perjuicio fiscal de $1,6 billones. El documento también estimó los déficits que la regulación de aranceles ha generado en las instituciones adscritas.

La diferencia entre el arancel real y el regulado de los beneficiarios alcanzó $358.167 millones en 2025 y acumula $1.276.666 millones desde 2016. Según el estudio, el arancel real se ha situado en promedio más de un 20% por sobre el regulado, brecha que llegó a 29,7% en 2025.

En las universidades privadas fuera del Consejo de Rectores (CRUCH), la diferencia alcanzó cerca de $2,1 millones por estudiante, frente a unos $720 mil en las estatales.

La fundación precisa que esas diferencias no se explican solo por costos distintos o por aranceles más altos en el sector privado. Las universidades del CRUCH cuentan con "aportes basales exclusivos" para absorber parte de los déficits, instrumentos que las privadas fuera del Consejo no tienen.

En el plano internacional, el informe recuerda que cuando la política comenzó a discutirse en Chile solo 3 de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tenían gratuidad amplia, y que hoy solo 4 de 38 mantienen ese esquema.

La mayoría combina aportes públicos, becas, contribuciones privadas y créditos contingentes al ingreso. Incluso, países como Australia e Inglaterra reemplazaron la gratuidad por mecanismos de financiamiento compartido, para compatibilizar acceso, equidad y sostenibilidad fiscal.

Con todo, el estudio advierte que ampliar la gratuidad o aumentar el gasto "no sólo pone en riesgo la sostenibilidad fiscal, sino que también reduce la autonomía de las instituciones", lo que afecta su capacidad para financiar docencia, investigación, innovación e infraestructura.

Además, desde 2026 todos los aranceles regulados pasan a régimen, lo que, según el informe, "profundizará las brechas de financiamiento de las instituciones adscritas".

Las recomendaciones

La directora de Estudios de Acción Educar, Francisca Espinoza, advirtió que la política "absorbe casi tres de cada cuatro pesos del presupuesto de educación superior".

"A casi diez años de su implementación, es imperativo corregirla", afirmó. Con ese objetivo, la fundación formuló seis propuestas para resguardar el uso eficiente de los recursos públicos, preservar la calidad del sistema y evitar brechas de financiamiento injustificadas entre instituciones.

La primera es la "restitución de los recursos en casos de deserción sin causa justificada", con facilidades de pago. El mecanismo debería contemplar exenciones por enfermedad, situaciones familiares graves o la necesidad de trabajar.

Otra de las propuestas es "mantener la gratuidad focalizada hasta el sexto decil" y eliminar la expansión automática que fija la Ley de Educación Superior, cuyos "gatillos" están asociados al crecimiento económico y a los ingresos fiscales estructurales.

El estudio recuerda que el proyecto de Reconstrucción Nacional, promulgado como ley el pasado viernes 9 de octubre, proponía hacer más exigentes esas condiciones, pero plantea avanzar un paso más ante el elevado costo fiscal de la política. También plantea la "liberación del límite de cobro por sobreduración".

Hoy, las instituciones solo pueden cobrar a los beneficiarios que exceden la duración nominal de su carrera hasta el 50% del arancel regulado el primer año adicional y el 100% desde el segundo.

La fundación propone permitirles cobrar el arancel real en esos años, para no trasladarles un costo que, a su juicio, no les corresponde financiar. En 2025, más de 51 mil beneficiarios estaban en esa situación.

En la misma línea, la organización sugiere "liberar el copago de los deciles 7, 8 y 9", cuyo arancel hoy no puede superar 1,4 o 1,6 veces el regulado.

Si el Estado determina que no son beneficiarios, sostiene, "no resulta razonable trasladar a las instituciones la responsabilidad de subsidiar parcialmente su formación".

Además, propone una "revisión del mecanismo de determinación de los aranceles regulados", para que estos "reflejen de mejor manera los costos de las instituciones" y se reduzcan los espacios de discrecionalidad que, a su juicio, perjudican sistemáticamente a ciertos tipos de planteles.

Por último, recomienda eliminar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) y usar solo el Registro Social de Hogares (RSH) para acceder al beneficio, ya que el formulario se basa en información autodeclarada y está "más expuesto a omisiones o falsificaciones".