Las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) fueron publicadas este viernes en el Diario Oficial, marcando el fin de la tramitación de una de las normativas clave de la agenda de seguridad del Gobierno.
La publicación se concretó pese a la ofensiva de 16 senadores de oposición ante el Tribunal Constitucional (TC), cuyo requerimiento buscaba impugnar disposiciones centrales de la ley.
Sin embargo, la tesis del Ejecutivo es que el requerimiento llegó al tribunal cuando el proceso de promulgación ya se había completado, lo que abriría la puerta a que sea declarado inadmisible sin revisar el fondo de los cuestionamientos.
Ya que si bien la publicación de la ley en el Diario Oficial no implica que la controversia esté zanjada, ahora la decisión queda en manos del Tribunal Constitucional (TC), que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento.
Los precedentes apuntan a un escenario favorable para el Ejecutivo: tanto en el caso de la Ley Antibarricadas, durante el gobierno de Sebastián Piñera, como en las controversias por la Ley Naín-Retamal y el TPP-11, durante la administración de Gabriel Boric, el TC declaró inadmisibles requerimientos que habían sido presentados después de que los respectivos decretos promulgatorios ingresaran a la Contraloría General de la República, tal como ocurrió en esta ocasión.
En esa línea, la ex presidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña ha señalado que debe atenderse a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del TC. Bajo esa interpretación, la promulgación se entiende realizada cuando el decreto respectivo ingresa a la Oficina de Partes de la Contraloría General de la República, sin que sea necesario esperar la toma de razón del organismo contralor.
Desde la oposición, el senador Juan Luis Castro (PS), quien fue quien anunció la reserva de constitucionalidad, cuestionó que el Ejecutivo haya seguido adelante con la publicación de la normativa mientras la controversia constitucional estaba pendiente. El parlamentario llamó al Gobierno a "esperar el pronunciamiento del TC y dejar de cantar victoria antes de tiempo".
El requerimiento fue firmado por 16 legisladores de distintos partidos opositores: Alfonso De Urresti, Gastón Saavedra, Daniella Cicardini, Paulina Vodanovic, Juan Luis Castro y Fidel Espinoza, del Partido Socialista; Daniel Núñez, Karol Cariola y Claudia Pascual, del Partido Comunista; Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, del Frente Amplio; Loreto Carvajal y Ricardo Celis, del PPD; Fabiola Campillai, independiente; Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana; y Vlado Mirosevic, del Partido Liberal.
La ofensiva generó diferencias dentro de la propia oposición. Los senadores Pedro Araya (PPD), Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (independiente), quienes respaldaron la iniciativa durante su tramitación, manifestaron reparos a la decisión de acudir al TC, al considerar que la acción podía desviar la atención de la discusión sobre seguridad.
En el oficialismo y según consignó el diario, Andrés Longton (RN) y Renzo Trisotti (Partido Republicano) cuestionaron la estrategia de los parlamentarios opositores.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también salió al paso de las críticas y apuntó contra sectores del PS y del PC. "No es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea la legitimidad de la acción policial, apoyar el orden y la seguridad", afirmó el secretario de Estado.
En la misma línea, Arrau sostuvo que algunos sectores mantienen una relación de desconfianza con la autoridad policial y criticó que, a su juicio, "han hecho de la sospecha permanente sobre las policías una práctica política".
