Nuevos antecedentes entregados por el Ministerio de Salud, con la presencia la propia ministra de la cartera, May Chomalí, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados dieron cuenta de la compleja trama administrativa que mantiene estancada la construcción de los cuatro nuevos recintos asistenciales de la Red Biobío de Hospitales.

A pesar de que el marcado retraso en los avances físicos ha sido objeto de constante preocupación a nivel regional, los datos oficiales confirman que la raíz del problema no radica en aspectos constructivos en terreno, sino en un extenso conflicto contractual y judicial entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa concesionaria SC Hospitales Red Biobío S.A. (OHLA).

De acuerdo con el reporte técnico del Minsal, el proyecto que está valorado en más de US$325 millones para sumar 569 camas y 14 pabellones a la región registra hoy un avance real de apenas un 9% ponderado por inversión, frente al 35% que estaba programado para esta etapa, manteniendo aún sin definir la fecha de término de los cuatro hospitales.

La brecha técnica es especialmente notoria al contrastar las zonas, ya que mientras los recintos de Santa Bárbara y Nacimiento alcanzan un 21,01% y un 20,68% de ejecución respectivamente, los establecimientos de mayor volumen del Servicio de Salud Concepción muestran un dinamismo mínimo, situándose el Hospital de Lota en un 7,44% y el de Coronel en solo un 5,98%.

En la presentación realizada por el jefe de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Cristian Orellana, a la instancia parlamentaria, se dio cuenta de que el origen de la paralización administrativa se remonta al incumplimiento por parte de la firma de los hitos obligatorios de avance del 15% fijados en las bases del contrato para cada hospital, controversia que se conoció en marzo de 2025.

Aunque a fines de 2025 se anunció la intención de alcanzar un acuerdo transaccional entre las partes para reestructurar la concesión, dicho documento no se ha formalizado y permanece en etapa de revisión, lo que impide fijar un nuevo calendario de entregas para las obras.

“Estamos en pleno proceso, en revisión de las partes con observaciones del Consejo Defensa del Estado (CDE) que están siendo subsanadas, esperando un documento final que pueda presentarse sin observaciones al CDE nuevamente, a Dipres y a Salud, de manera de poder modificar el contrato y que la concesionaria continúe avanzando en los nuevos plazos que van a ser conocidos una vez firmado el contrato por todas las partes”, afirmó jefe de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Asimismo, en paralelo, el conflicto se trasladó a los tribunales luego de que la concesionaria impugnara judicialmente las multas impuestas por el Estado por un total de 22 mil UTM.

No obstante, dicha causa civil se encuentra actualmente suspendida de común acuerdo entre las partes para permitir las negociaciones de una mesa de trabajo liderada por la Dirección General de Concesiones del MOP, la cual busca viabilizar un acuerdo transaccional que resguarde el patrimonio fiscal y obtenga la aprobación del Consejo de Defensa del Estado, la Dipres y Salud antes de traducirse en una modificación contractual definitiva.

Consultada respecto del financiamiento para la red y otros proyectos de infraestructura para la salud, la ministra señaló “después que terminemos la discusión de presupuesto, vamos a hacer público los proyectos los cuales vamos a poder financiar en los próximos 4 años. Hemos estado trabajando en ellos en la priorización de los establecimientos y de los hospitales que están en sus diferentes etapas, y eso lo vamos a hacer público inmediatamente de terminar la discusión”.