El proyecto de ley que busca establecer sanciones para las acusaciones, denuncias o querellas falsas volvió al centro de la discusión, esta vez por las diferencias sobre sus efectos en las personas que denuncian hechos de violencia y en quienes son acusados injustamente.

Entre sus objetivos está establecer un procedimiento judicial para determinar la falsedad de una denuncia y contemplar sanciones y medidas de reparación para las personas afectadas.

Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos por la definición de una denuncia falsa, el estándar de prueba que permitiría declararla como tal y las posibles consecuencias para quienes denuncian delitos sexuales o violencia intrafamiliar que no logran acreditarse judicialmente.

La iniciativa, fue impulsada por las senadoras Vanessa Kaiser (PNL), Andrea Balladares (RN) y María José Gatica (RN), junto con los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Enrique van Rysselberghe (UDI).

La controversia también ha escalado al plano político. A fines de septiembre, la tramitación de la iniciativa provocó un enfrentamiento en el Senado entre Kaiser y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira (UDI), por el destino del proyecto y los plazos acordados para su discusión en comisiones. El episodio también tensionó la relación de la senadora con el Gobierno.

Kaiser responde a las críticas

La senadora Vanessa Kaiser respondió a los cuestionamientos formulados por la académica Yanira Zúñiga, quien advirtió en una carta al director el pasado viernes que la iniciativa carecería de evidencia suficiente sobre la magnitud del problema y de una delimitación conceptual adecuada entre denuncias falsas, infundadas, no probadas, erróneas o maliciosas.

Uno de los principales reparos de Zúñiga apunta a que una denuncia desestimada por un tribunal no necesariamente es falsa. En casos de violencia intrafamiliar o delitos sexuales, una causa puede terminar sin condena por falta de pruebas, sin que eso signifique que los hechos denunciados no ocurrieron o que quien denunció haya actuado de mala fe.

La académica también alertó sobre el posible efecto disuasivo de la iniciativa, al considerar que podría desalentar denuncias legítimas y generar consecuencias adicionales para personas que ya enfrentan dificultades para acreditar hechos ocurridos en contextos privados.

Kaiser reconoció que actualmente no existen datos que permitan dimensionar con precisión el fenómeno, pero atribuyó esa falta de información a las dificultades del sistema vigente para declarar y registrar formalmente las denuncias falsas.

"Lo que sí registran los tribunales de familia es el aumento de denuncias cruzadas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en contextos de tuición que luego se desestiman, pero que logran su efecto: suspender la relación directa y regular entre padres e hijos por meses y, a veces, años", planteó.

La senadora sostuvo que esas situaciones pueden provocar consecuencias tanto para las personas acusadas injustamente como para los niños que quedan en medio de conflictos judiciales entre sus padres.

Exigir dolo directo

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Kaiser se refiere a la distinción entre una denuncia que no logra probarse y otra presentada deliberadamente con información falsa.

La parlamentaria reconoció que la formulación inicial del proyecto contemplaba las expresiones "dolo o culpa grave", lo que, según admitió, podía generar confusión entre categorías distintas.

Frente a ello, aseguró que se presentó una indicación para modificar el estándar exigido. "Conscientes de ello, presentamos una indicación para reemplazarlo por dolo directo: solo será denuncia falsa aquella en que se pruebe conocimiento positivo de la falsedad y voluntad de activar el sistema judicial en base a ella", sostuvo.

Según la senadora, la modificación busca excluir expresamente las denuncias desestimadas por falta de pruebas y aquellas que surjan de una interpretación equivocada de los hechos, pero realizada de buena fe. También afirmó que se excluye a los denunciantes obligados por el artículo 175 del Código Procesal Penal y a sus representantes.

"Corregido eso, el proyecto no desincentiva la denuncia verdadera, sanciona la mentira instrumental cuya impunidad afecta a muchos niños que se ven privados de crecer junto a uno de sus padres", agregó.

La discusión sobre este punto resulta clave para la tramitación de la iniciativa: mientras sus impulsores plantean que se debe contar con herramientas para reparar el daño provocado por acusaciones deliberadamente falsas, sus detractores advierten que el texto debe distinguir con claridad entre la falsedad acreditada y la imposibilidad de demostrar un delito.

El proyecto sigue su tramitación en el Senado

La iniciativa fue aprobada en agosto por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia. Posteriormente, el 5 de octubre, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género rechazó la idea de legislar, por lo que el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde continúa su discusión con urgencia inmediata.

La senadora Fabiola Campillai (IND), quien fue una de las parlamentarias rechazó la iniciativa, indicó que "se entiende la buena voluntad del proyecto, pero ya existen mecanismos que resuelven esto en la legislación actual. La Corte Suprema y el Ministerio de Justicia lo han criticado, y nuestro ordenamiento ya tiene herramientas para sancionar el uso indebido de las denuncias".

"Además, que una denuncia que no concluye en una condena, tampoco es equivalente a una "denuncia falsa", muchas veces son hechos que ocurren en un contexto privado, dentro del hogar y sin testigos, lo que conlleva dificultades probatorias. Además del temor a denunciar", agregó.

En esa línea, la senadora sostuvo que "si se quiere avanzar en esta materia, perfeccionemos con base en lo que ya existe, siempre velando por el bien superior de los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto de las denunciantes".

Por su parte, la senadora María José Gatica (RN), quien es una de las firmantes de la iniciativa, señaló que "los niños no pueden pagar el costo de una denuncia falsa ni ser utilizados para hacer daño en un conflicto entre adultos.

Una mentira puede separarlos injustamente de su madre o su padre y provocar un daño irreversible. Por eso presentamos este proyecto de ley, necesitamos buscar una fórmula para frenar estos abusos, resguardando siempre a quienes denuncian de buena fe".

Qué establece la legislación vigente

Actualmente, el marco normativo contempla distintas disposiciones relacionadas con la protección de las personas, la responsabilidad penal y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Entre ellas se encuentra el artículo 211 del Código Penal, que sanciona la acusación o denuncia calumniosa; los artículos 468 y 473, relativos a figuras de estafa o fraude; y las normas constitucionales sobre protección de la familia y presunción de inocencia.

También forman parte de este marco la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia; la Ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, y la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

El debate, por tanto, no se limita a determinar si deben existir sanciones para quienes presentan denuncias deliberadamente falsas, sino que también apunta a establecer cómo se acredita esa conducta, qué procedimiento debe seguirse y cuáles son las garantías para quienes denuncian y para quienes son denunciados.