El avance legislativo responde a una urgencia país, marcada por un stock acumulado de más de 30 mil órdenes de expulsión pendientes en el territorio nacional.

Las claves de la nueva normativa

La legislación introduce herramientas concretas y plazos más acotados para garantizar que las resoluciones de expulsión se cumplan de manera efectiva:

  • Facultad de ingreso a domicilios: La Policía de Investigaciones (PDI) estará facultada para ingresar a domicilios con el fin de ejecutar una expulsión, requiriendo siempre la autorización previa de un juez, quien tendrá un plazo de 24 horas para responder.

  • Reducción de plazos legales: El plazo establecido para que los afectados puedan presentar reclamos o recursos se reduce de 10 a 5 días.

  • Aumento en la prohibición de retorno: La sanción que impide volver a ingresar al país se endurece, elevándose de 3 a 5 años.

Resultados de Fiscalización de Extranjeros (20 de octubre de 2026)

A nivel regional y en el marco de las acciones de control, la última jornada de fiscalización dejó los siguientes balances operativos:

  • Total Fiscalizados: 2.055

  • Total Infractores: 347

  • Ingreso por paso no habilitado: 139

  • Otras infracciones: 208

  • Expulsiones notificadas: 27

  • Expulsiones para materializar: 39

Nacionalidades de los infractores:

  • Venezolana: 233

  • Colombiana: 40

  • Peruana: 7

  • Otras nacionalidades: 77

"Una orden que no se cumple debilita al Estado"

Desde el Congreso, parlamentarios que respaldaron la medida destacaron la necesidad de restablecer el orden y la confianza ciudadana, enfatizando que "una orden de expulsión que no se cumple debilita al Estado y la confianza de las personas, y eso no puede seguir así".

Asimismo, se subrayó que la normativa equilibra la eficiencia operativa con el debido resguardo institucional: "Seguridad y Estado de derecho no se contraponen: se necesitan. Esta ley da herramientas concretas sin pasar a llevar las garantías de nadie".

Con este despacho, el proyecto queda listo para ser promulgado como ley de la república, dotando al Estado de nuevas herramientas para la gestión migratoria y la seguridad nacional.