Gran controversia ha generado la información de que el Gobierno de José Antonio Kast firmó 56 rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores de edad, lo que debió ser abordado tanto por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario-vocero, Gonzalo Arenas.
La información fue dada a conocer por Interferencia provocando que el PC anunciara una interpelación al ministro Rabat. Durante la jornada, en el Congreso, el mismo Rabat recalcó que el procedimiento se amparaba en la doctrina de la Corte Suprema.
De acuerdo a cifras, en los últimos cinco años se han otorgado 332 rebajas de condena. Durante los cuatro años del mandato de Gabriel Boric, estas llegaron a un total de 276.
"La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio —incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema", afirmó el ministro Rabat desde el Congreso.
Al ser consultado en su primera vocería, el subsecretario Gonzalo Arenas, comentó que la información respecto a los 56 casos firmados por Rabat es "bastante malintencionada" ya que "supone que hubo una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales y hay que aclarar el procedimiento".
En esa línea, destacó que "este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad si las personas cumplen con los criterios establecidos en la ley y son aprobados y la decisión se toma por parte de las comisiones de rebaja de penas".
Recalcó que "aquí no estamos hablando de algo que si nos gusta o no nos gusta, si no que estamos hablando de algo que está establecido en la ley, es un derecho y no somos un gobierno arbitrario. Somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara".
El PC prepara una interpelación
Tras conocerse los antecedentes sobre Rabat, el diputado Marcos Barraza (PC) calificó la situación como de "la máxima gravedad" y cuestionó que el Gobierno concediera estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores.
"En consecuencia, estamos estudiando una interpelación al ministro Rabat, al ministro de Justicia, que es la cartera responsable de estas rebajas de pena, indultos que son muy dañinos", señaló. Barraza explicó que la colectividad buscará reunir los antecedentes necesarios para fundamentar la iniciativa y conseguir el respaldo del resto de la oposición.
Asimismo, defendió la interpelación como una herramienta de fiscalización acorde con la gravedad de los hechos y cuestionó el argumento del Ejecutivo de que las rebajas responden a criterios judiciales previos.
"Ellos podrían objetar una decisión tan dañina para las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país", afirmó. Además, sostuvo que el objetivo es establecer responsabilidades políticas e impedir que medidas similares sigan adelante.
