El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, volvió a defender este jueves el otorgamiento de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad.

Desde el 11 de marzo, la cartera ha firmado —en promedio— un decreto exento de esta índole cada tres días, habiendo rechazado únicamente una solicitud en dicho periodo.

Tras su participación en el IV Encuentro de Abogados de Chile, el secretario de Estado argumentó que la determinación se ajusta estrictamente al marco legal vigente y a las garantías fundamentales.

La rebaja de condena se regula por la Ley N°19.856, que se modificó en 2022 para excluir a autores de delitos sexuales contra menores, pero "hay un principio constitucional que debe respetarse: no puede aplicarse retroactivamente la ley en perjuicio del imputado o condenado, y eso lo establece la Constitución", sostuvo Rabat.

"Dicha interpretación se vio respaldada, además, por una doctrina en recurso de amparo en la Excelentísima Corte Suprema", añadió el titular de Justicia, que de todos modos consideró que "es bueno que los parlamentarios hoy día promuevan un cambio legal en la materia".

Sin embargo, fuentes de La Moneda albergan dudas sobre si una nueva reforma podría superar el examen de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

"Inexplicable"

El otorgamiento de beneficios a condenados por este tipo de ilícitos contra menores provocó transversales cuestionamientos en el Congreso.

Desde el oficialismo, la diputada Paz Charpentier (Partido Republicano) manifestó sus dudas respecto al procedimiento, calificando de "inexplicable" la señal entregada en el contexto de la crisis de seguridad.

"Personalmente, me genera un malestar que comparto con la ciudadanía y profundiza también la desconfianza de los chilenos, bastante fundada, respecto a las instituciones, y eso es muy grave. No se puede volver a repetir", advirtió la legisladora. 

La bancada de diputados de la UDI exigió, mediante una declaración pública, revertir los decretos, mientras que el senador Rojo Edwards (independiente) planteó que el ministro Rabat debe ofrecer disculpas públicas.

"El Ministerio debe revertir esta decisión y sacar la firma del Presidente disculpándose por la pésima asesoría que se le dio. En este caso, creo que la interpelación podría ser hasta una herramienta razonable", dijo el parlamentario. 

"El Ministerio de Justicia no puede pedirnos a quienes apoyamos al Gobierno que nos matriculemos con hacerle la vida fácil a estos violadores. Si la doctrina de la Corte Suprema es realizar esos ajustes, bueno, que lo hagan ellos, pero no nosotros", añadió Edwards. 

Pese a los cuestionamientos, desde la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) optaron por congelar temporalmente la opción de interpelar al titular de Justicia, promoviendo en su lugar la citación a una sesión especial de la Cámara Baja para debatir el tema.

El contrapunto con gobiernos anteriores

Frente a los señalamientos del oficialismo que recuerdan que durante el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se firmaron 332 decretos de rebaja de penas por delitos de similar gravedad, exautoridades salieron a marcar diferencias procedimentales.

A través de sus redes sociales, la exministra vocera de la Administración anterior, Camila Vallejo (PC), explicó que las solicitudes de este tipo se rechazaban de forma sistemática en la vía administrativa, forzando a los requirentes a litigar en tribunales.

"Nuestro Gobierno, en todas las solicitudes que se le extendieron al Ministerio de Justicia, dijo que no. Efectivamente, unos (condenados) iban a amparo y la Corte Suprema decía: 'Tienen que aplicarlo'. En muchos de los casos, el Ejecutivo peleó en cortes de apelaciones y ganó que estos condenados no pudieran tener acceso a estas rebajas de pena", remarcó.

De igual forma, el radical José Antonio Gómez, quien desempeñó el cargo de ministro de Justicia bajo los gobiernos de Eduardo Frei (1999-2000), Ricardo Lagos (2000–2003) y Michelle Bachelet (2014–2015), recordó: "Yo negué la libertad a violadores, homicidas, a delitos muy graves; tuvimos más de 500 amparos en nuestra contra, terminamos querellados, imputados y también casi acusados de desacato".

"Los tribunales fallaron todos los casos en contra, pero nos obligaron, a través de una sentencia, a dictar el decreto", señaló, agregando que aunque "exista jurisprudencia respecto al tema, yo creo que aún se puede discutir si se cumplen o no los requisitos".