La Resolución N° 283, suscrita por la bancada DC, y los demás partidos de oposición, también solicita la salida de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, y la invalidación de los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra niños.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones, la Resolución N° 283. En ella se solicita al Presidente José Antonio Kast que pida la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat; del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. La resolución fue suscrita por diputados de la Democracia Cristiana y contó con el voto favorable del diputado Patricio Pinilla Valencia, representante del Distrito 21 de la Región del Biobío.
La medida responde al escándalo por las rebajas de condena que el Ministerio de Justicia otorgó a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Entre marzo y septiembre se aprobaron 56 de estos beneficios, para condenados por abuso sexual infantil y violación de menores. Según antecedentes de prensa, varios de los beneficiados ya están en libertad, y en algunos casos Gendarmería había advertido un alto riesgo de reincidencia.
“Ningún gobierno puede rebajarle la pena a quien abusó o violó a un niño. Esto no es un error administrativo, es una falta gravísima contra las víctimas y sus familias. Por eso firmamos esta resolución y por eso votamos a favor: el ministro Rabat y su equipo deben dar un paso al costado”, afirmó el diputado Pinilla.
Además de las renuncias, la resolución pide invalidar los decretos que otorgaron beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad. También solicita suspender nuevos procedimientos de este tipo y crear un programa de apoyo a las víctimas.
“Las familias se enteraron por la prensa de que quien destruyó la vida de sus hijos estaba libre antes de tiempo. Eso no puede volver a pasar. Por eso impulsamos la Ley María Jesús, en honor a María Jesús Troncoso, para que los condenados por delitos contra menores no puedan acceder a estos beneficios y para que la familia de la víctima siempre sea escuchada”, agregó el parlamentario.
