La directiva comunal de la Democracia Cristiana y el diputado Patricio Pinilla manifestaron su oposición a que el recinto inhabilitado desde 2010 vuelva a funcionar como penal, proponiendo que el terreno sea destinado a viviendas, salud o equipamiento comunitario.

LOS ÁNGELES. Tras el anuncio del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Robert Contreras, respecto a que el Plan Penitenciario 2030 evalúa reconstruir el histórico penal de avenida Vicuña Mackenna N° 530 o levantar un nuevo centro en otro sector de la comuna, la Directiva Comunal del Partido Demócrata Cristiano (DC) junto al diputado por el Distrito 21, Patricio Pinilla Valencia, emitieron una declaración pública manifestando su total desacuerdo con reactivar la antigua estructura.

A través del documento, los representantes aclararon que no se oponen a la ampliación de la capacidad carcelaria del país ni desconocen los problemas de hacinamiento del sistema, sino que su reparo radica exclusivamente en la localización propuesta dentro del área urbana.

Crecimiento urbano y preocupación vecinal

El recinto penitenciario quedó inhabilitado tras los severos daños estructurales causados por el terremoto del 27 de febrero de 2010. En los más de 16 años transcurridos desde la catástrofe, el entorno del inmueble experimentó una profunda transformación: lo que antes era una zona periférica se convirtió en un barrio residencial consolidado, rodeado de viviendas, colegios, comercio y vías con alta congestión vehicular.

De acuerdo con la declaración, reinstalar un penal en Vicuña Mackenna significaría someter a las familias del sector a riesgos ante posibles fugas, operativos de seguridad y un incremento constante en el flujo de visitas, personal y vehículos institucionales.

Propuesta de reconversión del terreno

Frente a la crisis habitacional que afecta a la comuna, el diputado Pinilla y la directiva de la DC plantearon que el terreno debe ser considerado un activo estratégico para fines habitacionales, centros de salud o espacios comunitarios, resguardando la continuidad de las dependencias que Gendarmería de Chile utiliza actualmente en el lugar.

Asimismo, alertaron sobre las facultades que otorga la Ley N° 21.636 al Ministerio de Justicia para modificar instrumentos de planificación territorial con fines penitenciarios. Ante esto, exigieron que la decisión no se tome de forma centralizada y solicitaron:

  • Un estudio técnico público e imparcial que compare los impactos viales, de seguridad y comunitarios de ambas opciones.

  • La participación vinculante de la Municipalidad de Los Ángeles, el Concejo Municipal y las juntas de vecinos.

  • Máxima transparencia en torno a los plazos, criterios técnicos y terrenos alternativos en estudio.

Finalmente, el diputado Patricio Pinilla anunció que enviará oficios de fiscalización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a Gendarmería de Chile para conocer los avances de la evaluación, reiterando que la nueva infraestructura carcelaria debe ubicarse necesariamente fuera de las zonas densamente pobladas.