El anuncio del Gobierno de presentar un veto sustitutivo a la Ley de Incendios, independiente del resultado de su tramitación en el Congreso, generó preocupación entre alcaldes del Biobío, quienes advierten que una nueva modificación podría prolongar la espera por una normativa que consideran urgente.

Entre los argumentos del Ejecutivo, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, sostuvo que el veto buscará incorporar compensaciones económicas para los propietarios forestales que deban destinar parte de sus predios a franjas de protección, además de transferencias de recursos para los municipios. El secretario de Estado cuestionó que el proyecto imponga obligaciones a los dueños de terrenos, especialmente pequeños y medianos propietarios, sin establecer cómo se financiarán esas medidas.

El anuncio se produjo mientras la iniciativa avanzaba en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta con 77 votos a favor, 51 en contra y 14 abstenciones, y lo remitió al Senado. Sin embargo, dos disposiciones de rango orgánico constitucional no alcanzaron los 78 votos requeridos.

Las diferencias también se reflejaron entre los parlamentarios del Biobío. Mientras el diputado José Antonio Rivas (PS) llamó a aprobar la iniciativa y garantizar recursos para su aplicación en los territorios.

Patricio Briones (PDG) cuestionó las cargas económicas que impondría a pequeños y medianos agricultores. En tanto, su compañero de colectividad, Roberto Arroyo puso el acento en la necesidad de entregar herramientas a los municipios y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

Alcaldes advierten urgencia

El alcalde de Florida, Rodrigo Montero, sostuvo que, al tratarse de una comuna expuesta a un alto riesgo de catástrofes, la prioridad debe ser proteger la vida de los vecinos y contar con herramientas para responder oportunamente. Desde esa perspectiva, advirtió que el veto podría retrasar la promulgación de la ley justo al inicio de la temporada de mayor riesgo.

“Creo que el veto dilata la promulgación de la ley justo al inicio de la temporada de mayor riesgo, dejándonos como municipio ‘desprotegido’ legalmente para acciones como, por ejemplo, fiscalizar predios privados de manera expedita”, planteó.

El jefe comunal aclaró que no está en contra de perfeccionar la iniciativa ni de recibir mayores recursos y atribuciones, especialmente para municipios como el suyo. Sin embargo, insistió en que la discusión no debe perder su sentido de urgencia. “No necesitamos que se dilate el tema, al contrario, necesita priorizarse y que no se duerma en el Parlamento”.

Una preocupación similar expresó el presidente de la Asociación de Municipios de la Región del Biobío (AMRBB) y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes. A su parecer, la discusión sobre el costo que implicaría para las empresas forestales establecer zonas de amortiguación no debería desplazar la prioridad de proteger a las personas.

“Nosotros vemos una señal del Gobierno que da cuenta de cierta protección a la gran industria, en este caso, de las forestales, y por eso quiere vetarla, porque no vemos otra cosa”, sostuvo. Fuentes cuestionó que el argumento económico de los propietarios pueda imponerse frente a la necesidad de ampliar las zonas de protección en sectores poblados.

El alcalde también se refirió a la propuesta del Ejecutivo de incorporar transferencias de recursos para los municipios. Si bien valoró esa posibilidad, advirtió que el financiamiento debe ir acompañado de capacidad operativa y personal suficiente para asumir eventuales nuevas responsabilidades.

“Tenemos algunas precauciones con respecto a la responsabilidad que se nos quiera asignar”, explicó. En esa línea, agregó que “no se trata solamente de recursos financieros, se trata de recursos humanos, y en ese aspecto nosotros estamos limitados por las plantas”.

Desde Penco, el alcalde Rodrigo Vera planteó que cualquier modificación debe asegurar financiamiento público y fortalecer las herramientas locales, pero sin retrasar la entrada en vigencia de la normativa. “Modificar la ley debe fortalecer la prevención sin retrasarla”, afirmó.

El jefe comunal pidió atribuciones concretas para que los municipios puedan fiscalizar e intervenir, junto con recursos para equipamiento, maquinaria y trabajos preventivos. También solicitó que Conaf cuente con facultades técnicas claras para determinar las áreas de intervención, las franjas de protección y los cortafuegos.

Municipios cordilleranos piden acuerdos

Desde la Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi), su presidente y alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, llamó al Gobierno y al Congreso a alcanzar acuerdos para sacar adelante la iniciativa. Recordó los efectos de los incendios en la zona, incluida la pérdida de vegetación en el entorno de una laguna en la comuna de Santa Bárbara, y pidió considerar las consecuencias que estas emergencias tienen para las comunidades.

“No podemos ser tan intransigentes. Debemos ser un poco más humanos y ponernos en el lugar de las personas”, planteó. Sobre las franjas de protección, reconoció que las medidas implican costos para los privados, pero sostuvo que los propietarios también deben comprender la necesidad de realizar intervenciones preventivas.

Urrutia consideró que la normativa puede perfeccionarse posteriormente, pero que eso no debería impedir que el país cuente con una ley. Para graficar la importancia de avanzar, contrastó el costo de la prevención con los recursos que demanda la reconstrucción después de una catástrofe.

“Entre el gasto que hace el Gobierno para recuperar todo eso y hacer el proyecto de ley como corresponde, yo me quedo con que el proyecto de ley tiene que salir adelante”, afirmó. Además, adelantó que la asociación buscará enviar un oficio al Presidente de la República para solicitar que se avance en la iniciativa.

¿Qué viene ahora?

Tras la ajustada aprobación en la Cámara, el informe de la Comisión Mixta quedó en manos del Senado, que deberá pronunciarse sobre la propuesta.

El resultado de esa votación abrirá un nuevo escenario para la iniciativa. Si el Senado aprueba el informe, el proyecto podrá completar su tramitación parlamentaria y ser remitido al Presidente de la República. En ese momento, el Ejecutivo podrá formalizar las observaciones anunciadas, dentro del plazo constitucional de 30 días.

Si eventualmente el Senado no lo respalda, quedará pendiente resolver cómo continúa la tramitación legislativa.