La iniciativa, respaldada transversalmente en el Senado, exige que las empresas fijen por escrito los pagos, reajustes por diésel y compensaciones por tiempos de espera, buscando proteger las ganancias de los pequeños camioneros.

Con el objetivo de dar una salida al actual paro de camioneros que afecta al Puerto de San Antonio, el senador por la región del Biobío, Enrique van Rysselberghe, junto a un grupo transversal de legisladores, presentó un proyecto de ley que busca regular y transparentar las condiciones tarifarias en el transporte de carga.

La iniciativa, suscrita también por los senadores Camila Flores, Paulina Núñez, Loreto Carvajal y Gastón Saavedra, propone exigir a las empresas que contratan el traslado de contenedores la entrega de una oferta de reajuste por escrito a los transportistas. Este documento deberá precisar el pago por el viaje entre el puerto y los depósitos, la fecha de vigencia y la fórmula para revisar la tarifa ante variaciones en el precio del diésel. Con estas garantías sobre la mesa, se espera que los dirigentes puedan consultar a sus bases y acordar el levantamiento de las movilizaciones para despejar los accesos.

Respecto a la propuesta ingresada al Congreso, el senador van Rysselberghe (EVR) señaló: “Este proyecto busca modificar el Código de Comercio para proteger a los transportistas de carga de menor tamaño, permitiendo que, antes de iniciar el viaje, las partes dejen por escrito la tarifa por kilómetro, el recorrido que se pagará y los gastos incluidos”.

El legislador explicó que la iniciativa regula imprevistos logísticos, estableciendo que "si el cliente pide un desvío, deberá pagar los kilómetros adicionales y si las partes pactan un reajuste por combustible, la fórmula se aplicará sin tener que renegociarla en cada viaje”.

Además de los costos de traslado, el proyecto aborda uno de los principales problemas del sector: las demoras en los terminales. EVR aseguró que “el proyecto también contempla una compensación de media UF por cada hora de espera que exceda de las dos primeras en un mismo punto, cuando la demora sea atribuible al cliente o al recinto que este designe”.

Para el parlamentario gremialista, esta modificación legal es una herramienta clave para proteger a los pequeños camioneros, garantizando que sus costos de operación estén cubiertos y erradicando el problema de que los sobrecostos logísticos terminen saliendo de sus bolsillos o mermando sus ganancias.