Los recientes operativos conjuntos entre personal de Carabineros y la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal para retirar "rucos", carpas y estructuras irregulares en distintos puntos públicos de Los Ángeles —como plazas, bandejones y áreas verdes— han vuelto a encender el debate sobre el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana.

Pese al esfuerzo logístico desplegado en terreno, estas intervenciones representan una solución de corto alcance que se repite de forma circular: levantar a personas que pernoctan en la vía pública, desarmar precarios asentamientos y cargar kilos de basura y enseres desechados.

Se trata de labores asistenciales y de limpieza para las cuales ni los funcionarios policiales ni los inspectores municipales fueron contratados ni capacitados, transformándose en una distracción crítica de horas de trabajo y recursos públicos que debiesen estar volcados a la prevención del delito, patrullajes focalizados y respuesta ante emergencias.

El trasfondo de este escenario radica en la falta de herramientas jurídicas claras y sancionatorias, tanto a nivel comunal como nacional:

  1. La demora en una Ordenanza Municipal de Uso de Espacios Públicos: Mientras diversas municipalidades del país ya cuentan con normativas locales vigentes que prohíben explícitamente pernoctar, acampar o instalar estructuras no autorizadas en bienes de uso público —comercio ambulante y ferias, estableciendo facultades de desalojo expedito, multas y decomisos inmediatos—, en Los Ángeles la discusión y promulgación de una normativa de este estándar sigue pendiente. Sin un marco local vinculante, las facultades de los inspectores quedan limitadas a actuaciones administrativas reactivas sin capacidad de sanción disuasoria.

  2. El letargo legislativo en el Congreso Nacional: A nivel parlamentario, iniciativas como el proyecto de ley que busca tipificar y sancionar la ocupación o pernoctación irregular en plazas, veredas y playas (Boletín N° 17.405-07) continúan estancadas en su tramitación. La falta de urgencia política para dotar a las policías y a los gobiernos locales de una legislación de alcance nacional deja un vacío legal que impide abordar el fenómeno con atribuciones directas de orden público.

Mientras no se concrete la implementación de la ordenanza municipal en Los Ángeles ni se apruebe la legislación correspondiente en el Parlamento, el personal de Carabineros y de Inspección Municipal continuará atrapado en un ciclo ineficaz de retiro de escombros y desalojos temporales, en desmedro de la vigilancia activa y la persecución de delitos que la comunidad exige con urgencia.