La Defensoría de la Niñez encendió las alertas sobre las brechas que enfrenta el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en Chile, especialmente en materia de cuidado alternativo y representación jurídica especializada.

Así lo advierte el Informe Anual 2026 de la institución, presentado por el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, durante la Cuenta Pública institucional.

El documento identificó importantes deficiencias en la capacidad de respuesta de los servicios públicos, tanto por la disponibilidad como por la calidad de las prestaciones destinadas a garantizar los derechos de este grupo.

Entre los antecedentes expuestos, el informe señala que Chile registraba 180.765 medidas de protección vigentes al cierre de 2025, según datos del Poder Judicial. A esto se suma que más de 41 mil niños, niñas y adolescentes se encontraban en listas de espera para ingresar a programas de protección.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, indicó que "nuestro Informe Anual muestra que uno de los principales desafíos del país es asegurar que el sistema de protección tenga la capacidad de responder a tiempo".

"No basta con que existan medidas de protección o programas destinados a atender a los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos instituciones que cuenten con los recursos, los equipos especializados y la coordinación necesaria para garantizar sus derechos y evitar que quienes ya han sufrido vulneraciones enfrenten nuevas situaciones de desprotección", sostuvo Quesille.

Brechas en el cuidado alternativo y la representación jurídica

Uno de los hallazgos del documento apunta a la situación de los niños y niñas en primera infancia. Según los datos recopilados, 649 menores de entre 0 y 3 años fueron atendidos en residencias de protección durante marzo de 2026.

La Defensoría recordó que los estándares de derechos humanos establecen que, especialmente durante los primeros años de vida, debe priorizarse el cuidado en un entorno familiar.

Asimismo, el informe identificó las dificultades para que algunas familias de acogida accedan oportunamente a prestaciones de salud, educación y beneficios sociales, además de problemas de coordinación y acompañamiento por parte de las instituciones responsables.

Ante este escenario, el organismo recomendó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Servicio Nacional de Protección Especializada revisar el modelo de financiamiento de las familias de acogida, establecer apoyos diferenciados según las necesidades de cada niño y fortalecer los mecanismos de supervisión y coordinación institucional.

Otra de las principales preocupaciones apunta a la sobrecarga de los programas de representación jurídica especializada.

En el programa "La Niñez y Adolescencia se Defienden", los datos proyectados para 2025 muestran un promedio de 428 casos por abogado, pese a que el límite técnico establecido es de 150.

En el caso de los trabajadores sociales, la carga alcanzaba los 1.653 casos por profesional. De acuerdo con el informe, "esta situación dificulta el trabajo interdisciplinario y limita las posibilidades de mantener contacto directo y oportuno con los niños, niñas y adolescentes representados, afectando las condiciones necesarias para una defensa integral y especializada".

Por ello, la Defensoría recomendó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos "fortalecer los equipos profesionales, incorporar psicólogos de manera permanente al programa y a la Dirección de Presupuestos revisar su financiamiento".

Alertan por disminución de recursos para la niñez

Las advertencias se producen en medio de la discusión del Presupuesto 2027. En ese contexto, el análisis de la institución identificó disminuciones en 102 de las 197 asignaciones presupuestarias examinadas destinadas a niños, niñas y adolescentes, entre ellas algunas vinculadas al cuidado alternativo.

El documento también aborda las brechas en las políticas públicas relacionadas con la adolescencia.

En particular, advierte una disminución en los niveles de satisfacción con la vida entre los jóvenes de 15 a 17 años: el porcentaje de quienes declararon estar muy satisfechos pasó de 34% en 2015 a 31% en 2025.

La institución manifestó preocupación por este escenario, considerando también las reducciones presupuestarias de organismos como el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Quesille afirmó al respecto que "cuando hablamos de financiamiento para la niñez, hablamos de las condiciones que permiten proteger sus derechos.

Se trata de que un niño o niña pueda crecer en un entorno familiar seguro, de que las familias reciban los apoyos necesarios y de que quienes enfrentan un proceso judicial cuenten con profesionales que puedan conocer su situación, escucharlos y representarlos adecuadamente. Las decisiones presupuestarias deben considerar estas necesidades concretas".

Fiscalización y acciones judiciales

En materia de fiscalización, la Defensoría informó que entre julio de 2025 y junio de 2026 recibió 2.958 requerimientos, de los cuales un 60% estuvo relacionado con vulneraciones de derechos, principalmente en contextos familiares, escolares e institucionales.

Durante el mismo período, presentó 37 querellas, lo que representa un aumento de 36% respecto del período anterior.

Entre las actuaciones judiciales destacadas figura una acción de protección presentada en favor de 21 niños, niñas y adolescentes de una residencia de administración directa en Punta Arenas, quienes enfrentaban graves situaciones de desprotección y violencia. La Corte Suprema acogió la acción y ordenó a las instituciones responsables adoptar medidas coordinadas para garantizar sus derechos.

El Informe Anual también incorpora cinco notas temáticas sobre participación, desarrollo adolescente, representación jurídica, acogimiento familiar y cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.

Las investigaciones incluyen recomendaciones para mejorar la convivencia educativa, ampliar los espacios públicos y recreativos seguros, reforzar los mecanismos de participación y garantizar que las propuestas de niños, niñas y adolescentes sean consideradas en las decisiones de las autoridades.

Anuar Quesille cerró con que "el desafío es cerrar la distancia entre los derechos que reconocemos en las leyes y la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes. Para eso necesitamos instituciones que escuchen, respondan y actúen oportunamente, pero también que incorporen sus experiencias y propuestas en las decisiones públicas. Ese es el llamado que hacemos a través de este Informe Anual".