Un médico que trabaja una vez a la semana, durante un turno de 24 horas, pide un día de vacaciones para no asistir a ese turno.
Como no tiene que volver al hospital hasta la semana siguiente, consigue 7 días sin trabajar utilizando solo uno de sus días de feriado. Si repite la fórmula, puede permanecer meses alejado de sus funciones y seguir recibiendo su sueldo.
Este es el mecanismo que la Contraloría General de la República decidió corregir y que, según sus propios cálculos, podía permitir que médicos y otros profesionales de hospitales públicos se ausentaran de sus labores hasta por 10 meses y medio, utilizando vacaciones acumuladas de años anteriores.
Así lo establece un instructivo de 13 páginas, firmado este jueves 12 de noviembre por la contralora general de la República, Dorothy Pérez. El documento fue enviado a todos los servicios de salud del país y al Ministerio de Salud, y modifica una interpretación que el organismo fiscalizador mantenía vigente desde 2004.
La Contraloría no solo cuestiona la extensión que podían alcanzar estas ausencias, sino también sus consecuencias para los hospitales: menos profesionales disponibles, otros funcionarios obligados a cubrir turnos y la eventual necesidad de contratar reemplazantes con recursos públicos.
El organismo califica esta práctica como una forma de “abuso del derecho” y advierte que el sistema permitía que algunos profesionales permanecieran sin trabajar durante períodos considerablemente superiores a los de otros funcionarios públicos, pese a tener derecho a la misma cantidad de días de vacaciones.
El principal objetivo del documento enviado al Ministerio de Salud y que será repartido en todos los hospitales públicos es que se entienda que la forma de utilizar las vacaciones no puede terminar perjudicando la atención de los pacientes ni el funcionamiento de los servicios públicos de salud.
¿Cómo funcionaba el sistema?
Para entenderlo hay que partir por la particular jornada laboral de algunos profesionales de la salud.
La legislación permite que determinados médicos y otros profesionales de hospitales públicos sean contratados por 28 horas semanales. Aunque esas horas pueden distribuirse durante los 7 días de la semana, también existe la posibilidad de concentrar buena parte de ellas en un solo turno de 24 horas.
Las cuatro horas restantes deben cumplirse igualmente, aunque pueden distribuirse de otra manera.
El problema, según la Contraloría, aparecía cuando esa modalidad de trabajo se combinaba con la forma en que se autorizaban las vacaciones.
Desde 2004, el organismo había permitido que estos profesionales solicitaran días de feriado únicamente para las jornadas en que les correspondía trabajar, en lugar de descontarles todos los días hábiles comprendidos en el período de ausencia.
Un ejemplo de ello era que se encontraron casos como la de un médico que realizaba un turno de 24 horas todos los lunes podía solicitar ese día como vacaciones. Al no tener otro turno de 24 horas hasta el lunes siguiente, conseguía ausentarse durante una semana utilizando solamente un día de su saldo de feriado.
Si repetía el procedimiento durante las semanas siguientes, podía prolongar considerablemente su ausencia del hospital.
Eso sí, existía una condición: la legislación obliga a utilizar al menos 10 días hábiles de vacaciones de manera continua. Una vez cumplida esa exigencia, el saldo restante podía solicitarse de manera fraccionada, incluso en días individuales.
Era precisamente esa posibilidad la que permitía extender los períodos de ausencia.
El instructivo recuerda que los dictámenes N° 59.107, de 2004, y N° 5.369, de 2020, habían respaldado esta forma de utilizar el feriado.
Sin embargo, después de detectar sus consecuencias en distintas fiscalizaciones y considerar antecedentes del Ministerio de Salud, la Contraloría decidió revisar su interpretación.
Hasta 10 meses y medio sin asistir al hospital
El documento entrega cifras para dimensionar hasta dónde podía llegar esta mala práctica.
Los profesionales de la salud tienen derecho a 15, 20 o 25 días hábiles de vacaciones al año, dependiendo de su antigüedad. Además, bajo determinadas condiciones, pueden acumular días de feriado de un año para otro.
Según explica la Contraloría, un profesional con derecho a 20 o 25 días de vacaciones podía utilizar el sistema para permanecer entre 12 y 17 semanas consecutivas sin asistir a sus labores habituales.
Es decir, entre 3 y casi 4 meses y medio.
Pero la situación podía ser todavía más extensa cuando el funcionario tenía vacaciones acumuladas.
“En el evento de tener días de feriado acumulado -30, 40 ó 50 días-, dicho ausentismo podría extenderse entre 22 y 42 semanas continuas -esto es, de 5.5 a 10.5 meses-, lo que evidentemente se aleja del espíritu de la normativa que establece el feriado legal”, señala el instructivo.
En otras palabras, un profesional con 50 días hábiles de vacaciones acumuladas podía llegar a estar hasta 42 semanas alejado de sus funciones habituales, según el cálculo del organismo.
Todo ello sin perder las remuneraciones correspondientes a su cargo, puesto que se trataba de vacaciones legalmente autorizadas.
Junto con esto, el ente fiscalizador establece que la práctica había generado consecuencias que la Contraloría considera improcedentes y que justificaban modificar las reglas aplicadas durante más de 20 años.
El problema para los hospitales: turnos sin cubrir y más gasto público
Uno de los aspectos más relevantes del documento es la preocupación por lo que ocurría en los hospitales mientras estos profesionales permanecían ausentes.
La Contraloría advierte que la extensión de las vacaciones podía afectar directamente la continuidad de la atención de pacientes, porque los establecimientos debían buscar fórmulas para reemplazar a quienes no estaban cumpliendo sus turnos.
“Lo expuesto incide especialmente en la continuidad de la atención a la ciudadanía que deben otorgar los hospitales”, sostiene el organismo.
El instructivo agrega que estas ausencias podían implicar “la redistribución de funciones, el aumento de los turnos de los demás profesionales funcionarios, o bien, obligar al servicio respectivo a contratar a nuevos profesionales funcionarios para cubrir tal ausentismo prolongado, con el consiguiente incremento del gasto público”.
Es decir, mientras un profesional utilizaba sus vacaciones y continuaba recibiendo su remuneración, el hospital podía verse obligado a pagar por otro funcionario que cubriera sus labores.
La Contraloría no entrega cifras sobre cuánto dinero habría significado esta situación para el Estado, ni precisa cuántos reemplazos se contrataron por este motivo.
Sin embargo, identifica el eventual aumento del gasto público como una de las razones para intervenir.
También advierte que la extensión de estos períodos de ausencia podía obligar a otros profesionales del mismo establecimiento a asumir una mayor cantidad de turnos.
Para el organismo, el problema no radica en que los funcionarios tengan derecho a vacaciones, sino en que la manera de utilizarlas termine afectando el funcionamiento de los hospitales.
Contraloría habla de “abuso del derecho”
El instructivo utiliza términos especialmente duros para referirse a esta práctica.
El organismo liderado por Dorothy Pérez señala que permitir que profesionales con jornadas concentradas soliciten vacaciones en días aislados, haciéndolos coincidir con sus turnos semanales, constituye una utilización distorsionada de ese beneficio.
“Constituye una forma distorsionada del uso de ese derecho estatutario, esto es, lo que la doctrina califica de abuso del derecho, situación que es necesario corregir”, sostiene el documento.
Agrega que esta modalidad situaba a esos funcionarios en una condición de ventaja respecto de otros trabajadores públicos, porque sus ausencias efectivas podían extenderse por períodos mucho mayores, pese a contar con los mismos días legales de vacaciones.
La Contraloría incluso advierte que la diferencia podía acercarse a 10 meses adicionales de ausencia remunerada.
En ese contexto, sostiene que las autoridades hospitalarias no están obligadas a aceptar cualquier modalidad de vacaciones solicitada por sus funcionarios.
Por el contrario, deben considerar tanto el derecho al descanso como la necesidad de mantener funcionando los establecimientos de salud.
“La atribución de la autoridad para autorizar el fraccionamiento del feriado no la obliga a acceder a cualquier modalidad propuesta por el funcionario”, establece el instructivo.
¿Qué cambia desde ahora?
La decisión de Dorothy Pérez no elimina las vacaciones de los médicos ni reduce los días de descanso que les corresponden por ley.
Lo que hace es modificar la manera en que podrán utilizarlos cuando trabajen bajo este sistema de turnos concentrados.
La principal diferencia es que ya no podrán distribuir libremente todo el saldo de vacaciones en días aislados, haciéndolos coincidir con sus turnos semanales.
Las nuevas instrucciones establecen que todos los profesionales comprendidos en esta modalidad deberán tomar al menos diez días hábiles continuos de vacaciones.
Si tienen derecho a 15 días de feriado, podrán utilizar los cinco restantes de manera fraccionada, incluso en días individuales.
En cambio, si tienen derecho a 20 o 25 días, solamente podrán distribuir libremente los 5 días siguientes a los primeros 10.
Todos los días que excedan de esos 15 deberán utilizarse en períodos continuos de cinco días hábiles.
Por ejemplo, un médico que tenga derecho a 25 días de vacaciones deberá utilizar al menos 10 días continuos. Luego podrá distribuir otros 5 como estime conveniente, sujeto a la autorización de su jefatura.
Pero los 10 días restantes tendrán que utilizarse en bloques de cinco días hábiles continuos, en lugar de reservarlos para faltar únicamente a sus turnos semanales.
La misma regla se aplicará a quienes tengan vacaciones acumuladas de años anteriores, incluso cuando dispongan de 30, 40 y 45 días.
El instructivo contempla excepciones cuando queden menos de 5 días de feriado o existan necesidades del servicio debidamente justificadas.
Con ello, la Contraloría busca impedir que un número limitado de días de vacaciones termine convirtiéndose en varios meses de ausencia del hospital.
Médicos con dos contratos también deberán ajustar sus vacaciones
El instructivo aborda otra situación que podía producirse en los hospitales: la de profesionales que mantienen dos contratos de trabajo al mismo tiempo.
La legislación permite que un profesional con una jornada de 28 horas semanales tenga otro cargo compatible de hasta 22 horas.
Hasta ahora, cuando ambos contratos correspondían a un mismo hospital, el funcionario podía solicitar las vacaciones de cada cargo en fechas diferentes.
Esto significaba que podía estar de vacaciones en uno de sus empleos y continuar trabajando en el otro.
La Contraloría decidió cambiar también esa regla.
Desde ahora, cuando ambos cargos se desempeñen en el mismo establecimiento asistencial y se cumplan las condiciones previstas en el instructivo, los profesionales deberán solicitar sus vacaciones de manera conjunta.
El objetivo es que el descanso cumpla efectivamente su finalidad y que los hospitales puedan organizar de mejor manera sus turnos.
Si un profesional tiene más días de vacaciones en uno de sus cargos, podrá utilizar posteriormente el saldo que no haya podido hacer coincidir con el otro empleo.
En el caso de profesionales que trabajan en establecimientos distintos, las respectivas autoridades deberán procurar que sus vacaciones coincidan, siempre que las necesidades de cada hospital lo permitan.
Las vacaciones ya autorizadas se respetarán
La Contraloría aclaró que las nuevas instrucciones regirán solo hacia el futuro. Por lo tanto, las vacaciones autorizadas antes del 12 de noviembre de 2026 mantendrán su validez, siempre que estén respaldadas por documentos oficiales emitidos antes de esa fecha. El organismo fiscalizará el cumplimiento de esta condición.
La medida tampoco elimina el derecho al descanso ni otros beneficios legales de los profesionales de la salud.
El fin de una interpretación de 22 años
Con esta decisión, la contralora Dorothy Pérez deja sin efecto una interpretación vigente desde 2004 y ratificada en 2020, que permitió a determinados profesionales extender considerablemente sus períodos de ausencia remunerada mediante la distribución de sus turnos y vacaciones.
El nuevo criterio, que deberá aplicarse en todos los servicios de salud, busca evitar ausencias prolongadas que puedan afectar la atención de pacientes, sobrecargar a otros funcionarios y aumentar los gastos hospitalarios. Aún se desconoce cuántos profesionales utilizaron este mecanismo y cuál fue su costo para el Estado.
