Luego de la tercera sesión del Gabinete Pro Seguridad, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, el Gobierno anunció cuatro medidas legislativas sobre cárceles, seguridad penitenciaria y reinserción laboral.

Entre ellas, se encuentran la agilización de la tramitación del Proyecto de Ley de Expulsiones, que apunta a los extranjeros condenados por Ley 20.000, para así descongestionar los recintos penitenciarios. También, se realizó el anuncio de un proyecto de ley para penalizar el lanzamiento de elementos prohibidos al interior de las cárceles.

A lo anterior se suman el proyecto de ley que busca crear una medida cautelar intermedia entre el arresto domiciliario y la prisión preventiva, la cual está vinculada a un arresto domiciliario con control telemático. Finalmente, entre las medidas de integridad, se agregará la obligación para todos los funcionarios que trabajen en Gendarmería, de formular sus declaraciones de patrimonio con regularidad.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, indicó que: “La temática hoy fue la seguridad en las cárceles, un tema de la mayor prioridad. Tenemos el desafío de enfrentar criminales con un tipo de redes y conductas avezadas que en el pasado no conocíamos. Hemos visto que en otros países el mayor riesgo de la seguridad se traslada a los centros penitenciarios y en Chile no queremos que eso suceda”.

Por su parte, en relación a la primera de las medidas anunciadas sobre extranjeros y Ley 20.000, el ministro de Justicia y DD.HH, Luis Cordero, señaló: “Un número importante de personas privadas de libertad actualmente están condenadas por esta ley y, de acuerdo con la modificación legal, ha sido imposible su expulsión. El Ejecutivo considera que esas personas deben ser expulsadas del país y en consecuencia eso nos va a permitir una descongestión relevante en el sistema penitenciario”.

En el Biobío, el seremi (s) de esta misma cartera, Jaime Téllez, mencionó que “estás medidas legislativas anunciadas por nuestro Presidente, son de suma importancia para nuestra región, considerando que tenemos uno de los centros penitenciarios más grandes del país, lo cual  significa mayor control de nuestra población penal y mejorar las condiciones de seguridad de los internos para garantizar su reinserción y aportar también  a la seguridad pública”.

En relación a las medidas de gestión, destacaron la intensificación del plan de infraestructura penitenciaria, los continuos allanamientos a lo largo de los cárceles en todo el país y el anuncio de la inhibición de la telefonía celular en recintos penitenciarios. Esta instancia de coordinación interministerial busca enfrentar con medidas y acciones concretas la delincuencia y el crimen en todo el país.