El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), se sumó a las voces que piden una modificación urgente a la ley de fraudes, criticada durante los últimos meses ya que facilitaría los denominados "autofraudes" para cobrar dinero a los bancos, al acotar la responsabilidad de los usuarios.

Al respecto, el parlamentario señaló que la legislación debe modificarse porque "va desformalizando el mercado", pues los bancos plantean "ser mucho más exigentes en los requisitos de formalización".

En esa línea, el también integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta recalcó que dicha desformalización "complejiza el funcionamiento de la economía de un país.

A mí me parece que es un tema que hay que abordarlo de todas maneras, sin perder la naturaleza de la norma, pero sí haciéndose cargo de que no es aceptable que se genere un espacio masivo de autofraude que dañan a todo el sistema".

Por eso, subrayó que hay que "ser muy estricto en sancionar de modo muy enérgico a quien genere autofraude y que ha tenido una masividad fuera de cualquier cálculo o pronóstico".

Proyecto: "No va en la línea que debería ir"

Coloma abordó también el proyecto de ley del Ejecutivo que se está tramitando para enfrentar el problema. Acerca de la propuesta, señaló que "está bien inspirada, pero la normativa hay que mejorarla".

Así, explicó que "la Comisión de Hacienda acordó formar un equipo técnico en donde están los representantes de los distintos parlamentarios, más el Ejecutivo. Están haciendo una propuesta de cambio para hacer que sea más efectivo este nuevo espíritu que se plantea".

Añadió, en esa línea, que "el proyecto como está hoy día no va en la línea que debería ir, pero hay una intención que hay que mejorar y en eso estamos".

La situación de los fraudes

El año pasado, los bancos desembolsaron cerca de US$280 millones por fraudes y la Asociación de Bancos (Abif) proyecta que en el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2024 paguen US$350 millones.

La normativa vigente -que se busca modificar- limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante extravío, hurto, robo o fraude cuando los montos asociados son menores a 35 UF ($1.289.978). Ayer, Enrique Marshall, presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, indicó en un seminario que "estamos frente a un problema grave, que crece a un ritmo exponencial".

Asimismo, indicó que "los incentivos son incorrectos, tanto para emisores como para tarjetahabientes. ¿Qué incentivo puede tener un emisor de poner los mejores resguardos si sabe que al final va a tener que pagar sí o sí (el fraude)? ¿Cómo rentabiliza una inversión destinada a evitar los fraudes? No tiene sentido".