El Gobierno afirmó que a la fecha hay más de 28 mil órdenes de expulsión administrativa de extranjeros pendientes, y reforzó su compromiso de enviar una iniciativa para endurecer el control de estos mientras se ejecutan sus deportaciones.

El dato lo informó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), durante su comparecencia en la comisión investigadora sobre inteligencia y crimen organizado de la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Chile tiene acumuladas 28.000 órdenes de expulsión, que no es de este Gobierno, es acumulado por la historia de la historia", puntualizó.

Tohá advirtió que "mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están" los extranjeros sujetos a la medida; "no sabemos nada de ellos".

"Entonces, el país necesita dar pasos adicionales, y uno de ellos se va a dar en una modificación que el Ejecutivo va a proponer, que esperamos que el Congreso acoja, para tener un régimen más estricto para controlar a las personas que están con orden de expulsión y que ésta todavía no se ejecuta", apuntó, reafirmando un compromiso de La Moneda.

En tanto, la ministra destacó genéricamente, sin precisar cifras, que el año pasado se registró el segundo nivel más alto de la historia en cuanto a expulsiones concretadas, y aseguró que este 2024 serán todavía mayores.