El Gobierno promulgó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, que fue ingresada durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018).

Esta ley entrega un marco normativo que establece los deberes de los distintos órganos del Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres, acorde a los de la "Convención de Belem do Pará", instrumento internacional que consagró el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia.

Según destacaron las autoridades, esta normativa cuenta con un mecanismo de supervisión judicial de medidas cautelares para garantizar su cumplimiento y permanencia, mientras que también fortalece el rol de representación jurídica del país.

Asimismo, define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, entre ellas la física, psicológica, sexual, económica y gineco-obstétrica.

De acuerdo con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, la ley "requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo a artículo, puesto que se pidió discusión separada para cada cosa que dijera 'género'".

Asimismo, la normativa, "entre muchas otras cosas, crea y define distintos tipos de violencia que la sociedad ha avanzado en identificar; mejora el seguimiento, el control y dictación de las medidas cautelares", agregó la secretaria de Estado.

La promulgación se realizó en el Museo de la Educación Gabriela Mistral y contó con la presencia de diversas autoridades de Gobierno, además de más de 200 mujeres de organizaciones de la sociedad civil.

Otro punto que incluye esta nueva ley es la incorporación de niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras, y no solo como testigos, como estaba establecido hasta ahora. 

Francisca Millán, abogada socia del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, explicó que "la violencia de género tiene amplias dimensiones, y esta ley recoge y materializa de manera normativa el reconocimiento de las formas diversas en las que ocurren, y también las personas diversas a las que afecta. Está la necesidad de la mirada de integralidad para abordar las situaciones involucra, por ejemplo, las situaciones que tienen que ver con los hijos en común".

"Por una parte -complementó-, las mujeres reciben esa violencia ahora a través de los niños y, por otra, los niños se vuelven también víctimas de esa misma violencia. La necesidad de dejar de separar la figura de los agresores entre padres y eventuales parejas o exparejas. No existe un agresor que pueda efectivamente ser un buen padre".

REQUERIMIENTO EN EL TC

Cabe recordar que esta ley fue llevada por parlamentarios de la oposición al Tribunal Constitucional por la educación no sexista, donde finalmente fue rechazado el requerimiento de inconstitucionalidad.

La diputada Daniela Serrano (PC) criticó que "su último obstáculo, una vez más, lo puso la derecha, que en pleno 8 de marzo la lleva al TC. Ahí vemos un sesgo ideológico, una intención de no avanzar por parte de estos parlamentarios, que afortunadamente en el requerimiento que presentaron al TC fue tan débil que el mismo TC terminó desestimándolo".

Mientras que la diputada Marcia Raphael (RN) indicó que "el Gobierno persiste en su ideología, en vez de preocuparse por los problemas reales que enfrentan hoy día las familias. De una vez por todas tiene que darle solución al mal funcionamiento de los sistemas locales de educación pública; preocuparse del deficiente sistema de admisión escolar; a la crisis de violencia en los colegios, y sin embargo, se preocupa de la educación no sexista. ¿Dónde están las prioridades?".