Por Eduardo Bascuñán

Se discute en el Congreso el proyecto de Ley que establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS), buscando extender y mejorar el ya existente Programa de Recuperación de Suelos Degradados (SIRS).

La iniciativa vive su segunda tramitación para convertirse en ley y goza de una proyección positiva en el Senado y su comisión, la de Agricultura, ya ha votado de manera unánime su paso por la secuencia para convertirse en ley.

Ante esto, se presentó un texto que sirve como resumen de la situación agroeconómica del Biobío; se trata de “Agricultura de la Región del Biobío: sinopsis agroeconómica y estadística”, el que ofrece un análisis de la zona.

En particular, se observan “antecedentes globales de la región como superficie, ingresos y aporte al Producto Interno Bruto (PIB), en la cual se posiciona con un 6,5%, como la cuarta de mayor importancia, solo detrás de la región Metropolitana, Antofagasta y Valparaíso respectivamente”.

Es que este tema del cuidado del suelo es de total relevancia, sobre todo cuando se tiene en consideración los efectos climatológicos adversos a los que cada año se enfrenta el mundo entero, tal como las inundaciones en Valencia (España) o en Brasil; o bien, los incendios forestales en Chile durante 2023.

A todo esto, según los últimos datos del Observatorio Institucional del Ministerio de Agricultura, en la Región del Biobío se observó la distribución de usos de suelo, lo que se tradujo en plantaciones forestales (834 mil ha), bosque nativo (652 mil ha) y praderas y matorrales (429 mil ha). Respecto del uso de suelo de terrenos agrícolas, estos representan un 9,40% del total.

Hay que tener en consideración, también, que las forestales representan el mayor porcentaje de uso territorial (34,7%), le sigue el bosque nativo con 2,1% y las praderas y matorrales con un 17,9%, según el último registro actualizado.

Respaldado por estudios

Ahora bien, el proyecto de Ley en cuestión impulsa la adopción de prácticas, por parte de los pequeños y medianos agricultores, que permitan mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas de dichos suelos.

El sistema será coordinado por el Ministerio de Agricultura, por medio de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, y brindará instrumentos de bonificación, transferencia de conocimiento y un fondo comunitario para el logro de sus objetivos por medio del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

Para ello, la iniciativa contó con estudios de la Universidad Católica de Chile, donde, según se puede observar en la presentación del pasado 7 de octubre, se dio cuenta sobre las dificultades que puede tener este proyecto.

Ante ello, la académica del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de esa casa de estudios, Alejandra Engler, comentó que “queremos no solamente que los agricultores reciban un subsidio para implementar algo, que en este caso son las prácticas sustentables, pero también queremos a través de esto generar este cambio de conducta de manera que cuando ya no exista el subsidio puedan seguir en esta línea”.

Actitud medioambiental

Ante esto, la Región del Biobío se encuentra nutrida de saberes ancestrales respecto de las prácticas sustentables en la agricultura. Un buen ejemplo de esto es Dominga Díaz, parte de la Cooperativa Merkén, quien aseveró que “siempre he estado en el campo, esto viene desde mi abuelo, de mi tatarabuelo”.

“Lo que hacemos acá es utilizar guano de bovino, pero primero con el subsolador removemos la tierra y agregamos muy poco fertilizante natural, no químico; y después le echamos semillas de trébol para que no se seque la tierra, además dejamos que los animales coman este trébol y además, juntamos su guano y ahí se tira la chacra, pero una vez la chacra ya cuando está casi lista, lo plantamos” explicó la agricultora.

Desde un punto de vista similar, Sara Muñoz, vocera de la agrupación Despertar Campesino y productora agrícola de Santa Juana, comentó que en sus cultivos utiliza mucho el guano de gallina, para no tener que utilizar químicos.

“La gran industria, usan mucho fertilizante, prácticamente puro fertilizante, porque le echan salitre, le echan triple, le echan de todo, le echan cuando siembran, le echan cuando la papa sale y más encima fumigan las hojas de las papas, todo el proceso de crecimiento lo están echando fertilizante, es un proceso muy dañino para la tierra”, dijo.

En cambio, “la agricultura prefiere utilizar otro tipo de procesos, que aunque demore un poco más, mantienen la tierra fértil para cuidar lo que vendemos”, expresó la agricultora santajuanina.

Un ejemplo de esto son Francisca Santibáñez y Julio Gárate, que mediante la conformación de Espacio Nahuelbuta han propagado la cultura de la agroecología en barrios, escuelas y juntas de vecinos de San Pedro de la Paz.

“Trabajamos la agroecología y la agroecología que, muy brevemente puede ser entendida como aquella agricultura sustentable (…)”, afirman desde el centro de enseñanza. Para eso se utiliza una mezcla entre la puesta en valor de los conocimientos tradicionales ancestrales e indígenas en torno a la agricultura, con la ciencia moderna. La que ha estudiado estos procesos ecológicos para ponerlos en función con una mezcla en la producción de alimentos, afirman.

Gárate, observa este proceso agroecológico como necesario. Su razón es que “el suelo es un organismo vivo, no es un simple contenedor donde ponemos nuestras plantas y le ponemos las sustancias químicas que necesita.”

“La planta requiere, nitrógenos, potasio, etc, para que produzca lo más posible y el resto es lo mismo, al contrario, en la agroecología el suelo es un espacio donde conviven miles de seres vivos, millones de seres vivos, microorganismos, macroorganismos”, concluyó Gárate.

Gremios y propuestas

Ante este proyecto, importantes gremios de la zona han estado atentos al avance de la propuesta. Aunque valoran la iniciativa, consideran que esta merece ser revisada e incluso, están dispuestos a presentar algunas propuestas en las cuales ya se encuentran trabajando.

José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio) recordó que este programa “nace cuando Chile se suscribe al acuerdo de asociación con el Mercosur y originalmente, su razón de ser, estaba orientada a mejorar la fertilidad de los suelos agrícolas que pudieran calificar en las postulaciones o concursos anuales”.

Ahora bien, respecto de la actual discusión parlamentaria, el vocero de Socabio comentó que “valoramos que en el nuevo proyecto en discusión se mantenga esta política de incentivos, adicionando otras materias como son las capacitaciones, etc, ya que se trata uno de los patrimonios más importantes que tenemos, es precisamente, el suelo disponible para la agricultura, disponibilidad que en Chile es escasa”.

Andreas Köbrich, secretario general del Consorcio Agrícola del Sur, comentó que este proyecto comenzó como “un sistema de recuperación de la fertilidad de los suelos degradados o de las partículas de suelo chileno que tienen alguna dificultad química y necesita recibir cierta fertilización química, que es básicamente lo que tiene que ver con la fertilización y también la aplicación de cal, la acidez, que es muy propia de los suelos volcánicos. Ambas condiciones son muy propias de los suelos volcánicos, son los suelos mayoritarios en el sur de Chile”.

Es en ese contexto donde nace esta Ley y su extensión con este nuevo proyecto de Ley, ahora en discusión, supone algunas deficiencias observadas por los gremios agricultores. Son tres los puntos que exponen y definen como necesarios de reposicionar en la discusión parlamentaria.

El primero tiene que ver con la no incorporación de los ingenieros agrónomos como ‘operadores’. “Esperamos que se corrija este error, porque estos especialistas en el área son quienes deberían realizar y externalizar los planes de manejo, su confección y elaboración”, expresó Köbrich.

Otro punto necesario de abordar para el gremio, es el del Fondo Comunitario para Proyectos Colectivos, “ya que no queda claro cómo se implementaría este mecanismo ni cómo se distribuirán los recursos entre los diferentes programas y agricultores; son cosas que deberán ser resueltas y ser abordadas durante la discusión”, afirmó el secretario gremial.

El tercer punto tiene que ver con lo que estipula el proyecto en su artículo 7 sobre el financiamiento de programas de investigación aplicada. “Con miras a la adopción de prácticas de gestión sostenible de suelos agropecuarios. Este instrumento podrá considerar como máximo el 10% del presupuesto anual del sistema que establece esta ley, y se regirá por lo dispuesto en el reglamento en cuanto a las formalidades y al proceso para su postulación”, estipula el mencionado artículo.

Respecto a lo anterior, Köbrich aseveró que “con esto se pierde el destino del proyecto, se crea otro objetivo. No perforemos la ley, nosotros entendemos que esta es una forma de perforar el objetivo principal del programa; para investigación hay muchas otras instancias para realizar investigación”.

Además, para los gremios se hizo necesario que el proyecto plantee una nueva definición de la palabra suelo. “A criterio de nuestro gremio, la palabra debe ser mucho más definida. El suelo tiene distintas partes, distintas características, distintas propiedades. Propiedad química, física, biológica”, concluyó Andreas Köbrich.