Ingresan proyecto que crea delito por matrimonios y AUC "por conveniencia" para obtener beneficios migratorios

Nacional

Crónica

04/08/2026


Un proyecto de ley que crea un nuevo delito migratorio para sancionar los denominados matrimonios y acuerdos de unión civil (AUC) "por conveniencia" ingresó este lunes al Senado.

La iniciativa, impulsada por el senador Iván Flores (DC) junto a Arturo Squella (Republicanos), Paulina Núñez (RN), Paulina Vodanovic (PS) y Daniella Astudillo (PS), fue además presentada al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, con el objetivo de solicitar el patrocinio del Ejecutivo.

La moción propone modificar la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería incorporando un nuevo párrafo sobre delitos migratorios y creando el artículo 119 bis, que tipifica como delito la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil destinados a eludir la legislación migratoria y obtener, de manera fraudulenta, permisos de residencia, la nacionalidad chilena u otros beneficios.

Según los autores, la legislación chilena contempla actualmente mecanismos de reunificación familiar y acceso a la nacionalidad que pueden generar incentivos para la celebración de estos vínculos con fines exclusivamente migratorios.

En los fundamentos del proyecto se sostiene que, aunque estos casos no corresponden necesariamente a matrimonios simulados -porque ambas personas manifiestan su voluntad de contraer el vínculo-, sí constituyen un fraude a la administración pública al instrumentalizar estas instituciones para acceder indebidamente a beneficios migratorios.

Aumento de solicitudes por AUC

La iniciativa también advierte sobre un incremento en las solicitudes de residencia temporal asociadas a acuerdos de unión civil. De acuerdo con antecedentes del Servicio Nacional de Migraciones citados en la moción, durante 2024 se registraron 1.946 solicitudes de residencia temporal por AUC presentadas por personas extranjeras en situación migratoria irregular, cifra que aumentó a 4.200 durante 2025.

En lo que va de 2026 ya se contabilizan 2.268 solicitudes. Además, entre 2022 y 2025 se otorgaron 7.324 residencias temporales por esta vía. Los senadores agregan que investigaciones periodísticas han dado cuenta de personas que, a cambio de dinero, ofrecen contactar a ciudadanos chilenos o residentes dispuestos a celebrar estos acuerdos, configurando redes de intermediación con fines de lucro.

Las sanciones propuestas

El proyecto establece que quien celebre un matrimonio o acuerdo de unión civil con una persona extranjera en situación migratoria irregular para obtener fraudulentamente beneficios migratorios será sancionado con presidio menor en su grado medio y una multa de 10 a 20 UTM.

Si la persona hubiese celebrado previamente uno o más matrimonios o AUC similares con distintos extranjeros, la pena aumentará a presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de 21 a 50 UTM. La misma sanción se aplicará a la persona extranjera en situación migratoria irregular que participe en estos vínculos con la misma finalidad fraudulenta.

Asimismo, la iniciativa castiga a quienes, con ánimo de lucro, organicen, promuevan, faciliten o intermedien en la celebración de estos matrimonios o acuerdos de unión civil, fijando penas de presidio mayor en su grado mínimo y multas de 51 a 100 UTM.

Junto con las sanciones penales, el texto dispone que toda residencia, nacionalidad o beneficio migratorio obtenido mediante este mecanismo será revocado, impidiendo además que la persona pueda volver a acceder a dichos beneficios, incluso invocando una causal distinta.

Esa consecuencia también alcanzará a extranjeros con situación migratoria regular que participen, con fines de lucro, en la organización o intermediación de estos vínculos.

En la moción, los autores sostienen que el objetivo es "cerrar un vacío en la legislación" que actualmente permite utilizar el matrimonio o el acuerdo de unión civil para obtener beneficios migratorios sin que exista una verdadera intención de formar una vida en común, resguardando así "la integridad del sistema migratorio, la correcta actuación de la Administración y la confianza en los procedimientos de otorgamiento de residencia y nacionalización".





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