"Chile es una república democrática. Por lo tanto todas las voces deben ser escuchadas. Si una mayoría de la población señala expresamente a través de su voto que no se siente identificado con los candidatos, la elección debe repetirse, y los candidatos presentes en esa elección no podrán aspirar a asumir otros cargos públicos".

Esa es la propuesta de articulado de una de las 95 iniciativas populares de norma subidas a la plataforma de la Convención Constitucional, que permite que personas u organizaciones envíen sus planteamientos y, si juntan 15.000 firmas, puedan ser tramitadas por las comisiones temáticas como una norma más. Un dato importante: cada ciudadano solo puede enviar y patrocinar un máximo de siete iniciativas.

Ya se subieron las primeras iniciativas a la plataforma y casi la mitad de ellas (40) corresponden a propuestas para la Comisión de Derechos Fundamentales: hay textos que proponen más derechos para los trabajadores, derecho al agua, derecho a la salud, libre derecho a la propiedad privada, a la inclusión de la discapacidad, una renta básica universal, entre otras. Una de las propuestas busca establecer el derecho al descanso, recreación y esparcimiento. Hasta el cierre de este artículo, llevaba recolectadas 28 firmas.

Las dos iniciativas que más patrocinios tienen, hasta el minuto, son dos que hablan de la educación. Ambas tienen características similares: establecen el derecho a la educación, el derecho y deber preferente de los padres y la libertad de enseñanza. Una fue presentada por Acción Educar -cuenta con 172 firmas- y otra por Educación Libre y Diversa, que reunió 180 firmas a lo largo del día.

"Los parlamentarios deben conocer su zona"

Los únicos requisitos para la presentación de las iniciativas populares de norma es que no pueden tener un contenido que produzca un incumplimiento de las obligaciones emanadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Chile y deben corresponder a los temas que tratan las comisiones respectivas. Después hay requisitos formales, como llenar los campos del formulario correctamente.

Por ese filtro pasaron iniciativas como una que plantea "No a las cárceles VIP", que consagra que el Estado debe garantizar los derechos fundamentales de los imputados en temas básicos y que independientemente del tipo de delito, "los reclusos deberán cumplir su sentencia en cárceles estatales sin opción a trasladarse a una privada u otra donde el imputado se beneficie de privilegios".

Otra, por ejemplo, busca "garantizar el derecho a la honra y buen nombre en medios de comunicación". También hay una que pide recursos para las juntas de vecinos, estableciendo en la nueva Constitución que "el Estado garantizará y fomentará que las juntas de vecinos cuenten con apoyo económico y técnico permanente para su gestión".

Una iniciativa plantea que "los parlamentarios deben conocer su zona" y en ocho artículos especifica las condiciones que deben cumplir los candidatos al Congreso, como que deben ser "idealmente originarios y vivir en la zona que piensan representar".

La discusión sobre los emblemas patrios también llegó a las iniciativas populares de norma. Hasta el momento son dos las propuestas que buscan dejar consagrado en la Constitución el respeto a los emblemas nacionales, como la bandera, el escudo y el himno.

En cuanto a salud, hay iniciativas que apuntan al establecimiento de derechos generales y otras que son específicas: en este segundo grupo, una propone que el Estado haga los esfuerzos para garantizar que "todos los niños y jóvenes con patologías crónicas en general y con diabetes Mellitus tipo 1 en particular, tengan acceso a contar con un equipo de salud, que tenga como objetivo lograr el optimo control biológico, psicológico y social de éste grupo humano".

Otra en particular establece que el porcentaje de cotización obligatoria de salud tendrá que ir de forma íntegra a Fonasa, mientras que quienes quieran optar por la salud privada tendrán que pagar el valor total del plan a la Isapre, e incluso establece multas -100 UTM- para quienes incumplan esa norma.

El plazo para enviar iniciativas concluye, por el momento, el 6 de enero. Este jueves, los coordinadores de la Comisión de Participación Popular informaron que están realizando gestiones para modificar el cronograma y que ese plazo se extienda hasta el 20 de enero.

No obstante, el periodo para recolectar las firmas -que se pueden entregar mediante clave única o número de documento- concluye el 1 de febrero.