La Comisión de Medioambiente aprobó en general este martes la norma que establece el Estatuto de los Recursos Naturales del país, que permite estatizar la actividad de la gran minería.

En la misma comisión también se aprobó, en general, una norma que resguarda la soberanía en materia de los tratados de libre comercio.

Recordemos que el actual Gobierno licitó, en un proceso que se encuentra judicializado, dos operaciones extractivas de litio a una empresa chilena y otra china.

La convencional Ivanna Olivares de Pueblo Constituyente explicó que la norma "considera una nacionalización, que es distinta a la expropiación".

"Lo que nosotros vamos a hacer es una nacionalización y cuando se haga el proceso de traspasar todos los bienes y la infraestructura al Estado, vamos a hacerlo a través de la Contraloría", detalló.

En esa instancia "se va a definir el monto de las indemnizaciones que van a tener que ser pagadas a las empresas privadas, tanto nacionales como trasnacionales".

Los impulsores de la iniciativa enfatizaron que se trata de una nacionalización de los bienes de las empresas, a las que se deberá compensar por la inversión realizada, considerando las ganancias ya obtenidas por la extracción de recursos naturales.

La norma es concordante con otras dos iniciativas populares presentadas por la ciudadanía, que deberán ser discutidas ya que ambas cuentan con más de 22 mil patrocinios.

Desde la derecha mostraron su descontento por la decisión tomada en la comisión. El convencional Bernardo Fontaine (electo en cupo de Renovación Nacional) calificó la determinación como "un enorme acto de injusticia", con el que el órgano redactor "saldría totalmente de los límites que ha establecido la Constitución, que es justamente respetar los tratados internacionales".

El también economista consideró que la iniciativa "produciría una bancarrota del país", al tener que "indemnizar con este precio del cobre a todas las compañías mineras", que según él "serían expropiadas''.

"La comisión entró en Fantasilandia. Es una norma que no tiene sentido común", enfatizó, por lo que dijo que "es indispensable eliminarla y que el Gobierno de Boric intervenga en la discusión" de la Convención.

Además, Pablo Tolosa (UDI) emplazó a la futura ministra de Minería Marcela Hernando a que se pronuncie sobre la propuesta aceptada.