La diputada DC Joanna Pérez envió un oficio a la Contraloría General de la República para que estudie la legalidad del oficio del Ministerio de Agricultura que ordenó la suspensión de la tramitación de solicitudes de certificación para subdivisión de predios rústicos”.

Este oficio también fue suscrito por el diputado Miguel Ángel Calisto.

La parlamentaria señaló que “queremos que la Contraloría se pronuncie sobre si el ministerio de Agricultura tiene las facultades para ordenar esta decisión administrativa, ya que del análisis de las normas vinculadas al procedimiento de división de predio rústico, ninguna ley los autoriza o faculta a establecer límites o requerimientos adicionales a un procedimiento administrativo debidamente reglado en la ley Orgánica Constitucional de Urbanismo y Construcciones”.

“Estamos de acuerdo en que hay que regular adecuadamente el uso del suelo, el cuidado del agua y del medioambiente, junto con garantizar que existan terrenos para plantaciones agrícolas, pero lo que pedimos que se estudie es la legalidad de esta decisión administrativa que cambia los requisitos que la ley establece”.

“Cualquier nueva consideración, requisito, actuación o decisión provenir de una ley mandante, para cuya dictación se requiere de un sano debate y ejercicio democrático dentro del órgano constitucionalmente investido de la potestad legislativa, esto es, el Congreso Nacional, desde donde se invita a proponer mediante Mensaje de una iniciativa de ley que modifique las atribuciones de los órganos del Estado, las que deben estar previa y legalmente establecidas”.

La diputada Pérez agregó que “en virtud de lo anterior, se presenta este requerimiento con el propósito de solicitar su pronunciamiento en relación a la legalidad del Oficio ORD.  N°637, de fecha 12 de julio de 2022, dictado por el Ministro de Agricultura, Subsecretario de Agricultura y Director Nacional (s) del Servicio Agrícola Ganadero y de la Circular N° 471/2022, de fecha 15 de julio del presente, del Director Nacional (s) del SAG, al considerarse que contravienen las normas constitucionales y legales, arrogándose  de facultades que no se encuentran consagradas legalmente”.