"Le vamos a dar urgencia legislativa, vamos a trabajar en esos proyectos", dijo el Presidente Gabriel Boric en relación a iniciativas que se encuentran en el Congreso Nacional que regulan el cambio del uso de suelo luego de incendios forestales.

La alerta fue levantada por organizaciones de la sociedad civil y políticos, quienes plantearon la hipótesis de que el megaincendio que afecta a Viña del Mar haya sido intencional por parte de las empresas que buscan construir en ese sector.

Los factores que podrían motivar a privados a generar siniestros a propósito sería, por ejemplo, sacar a los ocupantes ilegales que viven en sus predios, o la eliminación de la vegetación protegida, para así obtener el permiso para instalar algún proyecto en ese espacio. Y aunque esta idea no ha sido confirmada por parte de las autoridades, la Fiscalía Regional de Valparaíso no descarta que el incendio haya tenido un inicio intencional. Sin embargo, ante la duda, ha resurgido la importancia de tres proyectos de ley que descansan en el Parlamento para regular este tipo de catástrofes emplazadas en predios privados. Uno, al cual el Ejecutivo le pondrá urgencia, es de autoría del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, aunque está refundido con otros dos de la ex legisladora PPD, Cristina Girardi.

La iniciativa fue ingresada en enero de 2019 y busca "establecer una prohibición de 30 años para cambios de uso de suelo en áreas afectadas por incendios forestales, y otras actividades que sean incompatibles con la recuperación de la cobertura vegetacional".

El proyecto también establece que se impide "construir o edificar. Se exceptúan los proyectos u obras que tengan por objeto la reconstrucción de viviendas existentes con anterioridad al siniestro"; "Lotear o subdividir, salvo que se enmarque dentro de un proceso de participación hereditaria o como consecuencia de la ejecución o cumplimiento de una sentencia judicial" y "cualquier actividad distinta al uso que tenía al momento de producirse el siniestro, o que sea incompatible con la recuperación de la cobertura vegetacional". Este se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Medio Ambiente.

Al respecto, Jaime Araya (Ind. PPD), quien forma parte de esa instancia, indicó que este sería "una manera de desincentivar que cualquier persona pretenda quemar bosque nativo o quemar algunas hectáreas precisamente buscando transformarlo en inversión inmobiliaria". Bajo su perspectiva, es una tramitación que "debiera agilizarse". "Es una práctica lamentable que en nuestro país existe.

No solamente acá en Chile, sino que en diversas partes del mundo y contar con una legislación de esta envergadura lo permitiría precisamente es impedir que haya personas que utilicen la quema de bosques básicamente para transformarlo después del proyecto inmobiliario", agregó respecto a esa iniciativa. Desde la misma comisión, el diputado de oposición, Cristóbal Martínez (UDI), cree que es importante legislar sobre la materia, pero levantando ciertas preocupaciones.

El legislador indicó que "es un proyecto que tenemos que estudiar bien en detalle, porque en su esencia es importante incentivar la recuperación de la biodiversidad que lamentablemente se pierde a causa de los incendios, no me parece correcto presumir -sin tener ningún antecedente- que las emergencias son provocadas supuestamente por grupos inmobiliarios interesados", agregando que no se considera que estas ciudades son especialmente vulnerables a este tipo de catástrofes por sus condiciones físicas.

Sobre eso, señaló que "si no legislamos de manera correcta, el proyecto podría generar un sentido adverso, porque cualquier grupo que se oponga a algún proyecto inmobiliario que esté en carpeta, podría ocasionar un incendio para evitar que ese terreno sea destinado para esos fines".

De la misma manera, Martínez señaló que le parece bien que se le ponga urgencia al proyecto, y que él promoverá "que existan estrategias mucho más efectivas, por ejemplo, que si una inmobiliaria quiera utilizar un terreno afectado previamente por un incendio, que tenga la obligación de reforestar otro terreno de igual dimensión, como una suerte de compensación para la ciudad".

Para el senador por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre –presidente de RD- "está muy bien la iniciativa porque pone el tema sobre la mesa, pero acá se requiere la voluntad política del Ejecutivo porque es el Ejecutivo el que tiene todos los instrumentos institucionales para regular aquello", dijo.

Así, y en relación a lo que podrían hacer las personas que vivían en los predios quemados y que perdieron sus viviendas, indicó que "es importante acá que se involucre el Ejecutivo, que se le ponga urgencia, que se cree una mesa de trabajo con el Gobierno en la mesa". Sin embargo, también existen dos similares.

La primera del 26 de enero de 2021, ingresada por el Senado impulsada por Guido Girardi, Isabel Allende, Alfonso de Urresti, Ricardo Lagos y Ximena Órdenes. Este también se encuentra en primer trámite constitucional, y plantea que, en caso de incendio forestal, "los titulares de predios afectados por el mismo siniestro no podrán solicitar ni obtener permisos de edificación o construcción ni solicitar el cambio de uso de sueño, durante los siguientes 50 años contados desde la fecha en que cese el fuego".

Asimismo, propone que "los propietarios de predios afectados por incendios forestales deberán presentar un plan de reforestación con especies nativas dentro de los 12 meses siguientes a la ocurrencia del siniestro". Finalmente, el 1 de marzo de 2021 ingresó un proyecto de autoría de la ex diputada, actual ministra de Minería, Marcela Hernando (PR), el cual busca modificar la ley N°20.283, sobre "Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal", y así "prohibir temporalmente los cambios de uso de suelo en los terrenos afectados y disponer su reforestación con especies nativas".

De esta manera, se estipula que "no podrá realizarse cambios en el uso de suelo cuando este se encuentre siniestrado producto de un incendio forestal, en estos casos se deberá adoptar las medidas necesarias para la reforestación con especies nativas y la recuperación de los ecosistemas afectados, no pudiendo realizar cambio alguno al uso de suelo en el plazo que determine la autoridad, el cual no podrá ser inferior a 25 años”. Esta iniciativa también se encuentra en primer trámite constitucional, y de hecho, en la misma Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.