En la antesala del inicio de un nuevo año legislativo, en el que se reanudará el debate de proyectos emblemáticos impulsados por el Ejecutivo, como lo la reforma tributaria, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, manifestó la disposición de las autoridades a recibir propuestas en materia impositiva.

Los próximos 7 y 8 de marzo se retomará el debate por el nuevo sistema impositivo en la Sala de la Cámara, y si bien se espera que se apruebe en esa instancia, el siguiente paso es el Senado, donde el Ejecutivo no cuenta con la mayoría de los votos.

En ese sentido, uno de los temas que genera críticas tanto en la oposición como en el sector empresarial es el impuesto a los altos patrimonios, ya que consideran que afectará la inversión y el ahorro al gravar el stock de los recursos. Es por ello que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) deslizó la idea de presentar una propuesta para reemplazar la carga al patrimonio con un aumento de un punto en la contribución obligatoria a las grandes empresas.

Cabe consignar que el impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas en el sistema semi-integrado es actualmente del 27%, considerado alto en comparación con el promedio de los países de la OCDE.

Los dueños o socios pueden deducir un 65% de crédito del carga como persona natural. Según expertos, un aumento de un punto en el tributo a las empresas recaudaría entre US$350 millones y US$450 millones al año, mientras que el impuesto al patrimonio recaudaría unos US$1.500 millones.

Al ser consultada por el tema, la ministra Vallejo enfatizó en que "necesitamos un pacto fiscal de verdad, serio, que nos garantice condiciones sustantivas para un mejor desarrollo del país.

Eso implica una justa redistribución de los recursos, y por lo tanto, que la recaudación de impuestos sea lo más justa también". "Hoy día el peso de los contribuyentes está en los sectores bajos y medios, y quizás medio-alto, y por lo tanto, hay que hacer un ajuste en materia tributaria, eso requiere un pacto fiscal.

Y por lo tanto, el principio fundamental que nosotros hemos tratado de resguardar, a través del trabajo del Ministerio de Hacienda en el Congreso Nacional y en la coordinación con los distintos actores, sobre todo del mundo gremial, pero también laboral y sindical, es que ese principio se resguarde", deslizó la autoridad.

Tras ello, manifestó que "lo importante al final de cuentas en el pacto fiscal es que garanticemos una mejor distribución de la riqueza, y que quienes tienen más, paguen más, sea a través de impuestos patrimoniales, o aumentos de otro tipo de impuestos a los que más tienen", recalcando que no solo es necesario que "se produzca esa justicia tributaria, sino que nos permita recaudar lo necesario para poder financiar los compromisos en materia de derecho social, entre ellos, el aumento de la PGU, que es parte de los compromisos de la reforma de pensiones".

Finalmente, respecto a la idea de la CPC, la secretaria de Estado expuso: "Nuestro Gobierno no cierra discusiones, y no está cerrado a propuestas. Lo que sí, llamamos y siempre estamos vigilantes a resguardar es que mantengamos los niveles de recaudación comprometidos para poder financiar los compromisos con el pueblo de Chile, y que, toda propuesta resguarde la justicia impositiva".