El director nacional del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, explicó que la parte que le compete de la ley corta de isapres permitirá que los usuarios que migren al sistema público puedan contratar seguros para mantener prestaciones similares a las que tenían en el privado, "sin discriminaciones ni exclusión de enfermedades preexistentes".

El proyecto fue ingresado la semana pasada por el Gobierno a través del Senado, bajo la crítica de las isapres, que advierten que de aprobarse el texto tal como está, "en septiembre está cerrado el sistema" privado.

La iniciativa, expone en sus objetivos, busca viabilizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, protegiendo la viabilidad financiera de las mismas -serán éstas las que tendrán que informar sus cálculos respecto a los montos que deberán devolver y establecer una fórmula de pago a los afiliados-, y fortalecer al Fonasa a través de la creación de una nueva modalidad, alternativa, de acceso a su provisión financiera que permita acoger a nuevos beneficiarios en condiciones similares a las que hoy contempla el sistema privado.

En el marco de la cuenta pública del Fonasa, Cid abordó esta arista del proyecto y relevó, primero, que "lo que pretendemos básicamente es tratar de igualar las coberturas financieras que las personas tienen en el mundo privado con el financiamiento que ellos mismos están haciendo hoy".

"Pero además tendrán la posibilidad, si así lo desean, de que podamos poner convenios con seguros privados de carácter voluntario, que pretendemos sean no discriminatorios ni por sexo ni por edad, y que no excluya enfermedades preexistentes, y por lo tanto con primas comunitarias o planas por persona beneficiaria de cargo del afiliado", sostuvo.

"Cuando una persona, en promedio, utiliza solo la Modalidad Libre Elección (M.L.E.), esa persona va a obtener el 38 por ciento de cobertura financiera. Una persona en Isapre, realizando más o menos las mismas actividades en promedio, va a obtener una protección del 65 por ciento. Lo que pretendemos básicamente con esta parte del proyecto de ley es tratar de igualar las coberturas financieras que las personas tienen en el mundo privado para poder cubrir esa brecha de 38 a 65, nada más ni nada menos que eso", comentó Cid. 

Detalló que desde el 2022 hasta marzo del 2023 se habían incorporporado más de 500 mil personas al Fonasa, 360 mil de ellas desde las isapres.

"NO VEO CÓMO" SE PODRÍA REBAJAR LA ESTIMACIÓN DE LOS MONTOS A DEVOLVER, DIJO EL SÚPER DE SALUD

También participó el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien fue consultado sobre si existe espacio para rebajar la estimación de los 1.400 millones de dólares que las isapres debieran devolver a sus clientes. "No veo cómo", respondió, asegurando que incluso el monto sigue subiendo mes a mes porque las entidades privadas siguen cobrando sus planes según las tablas de factores antiguas y por coberturas de niños menores de 2 años.

"Si alguien trae una propuesta que esté dentro de estos parámetros, siempre vamos a estar disponibles a poder evaluarlas", señaló el fiscalizador.

Por su parte, el presidente de Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Lagomarsino (Partido Radical), cuestionó la ofensiva del gremio de las aseguradoras contra el Gobierno, a raíz de la ley corta que presentó el Ejecutivo para dar cumplimiento al dictamen del máximo tribunal.

"Se enmarca dentro de una presión más que indebida que han hecho estas entidades, las isapres, y que el ministro de Justicia planteaba muy bien el día de hoy, de que aquí estamos ante una industria más que beligerante y que, a pesar de ser una industria regulada, sobrepasa los límites de lo razonable y entra a un ámbito que no le corresponde, que es, por cierto, presionar al regulador, pero también al sistema político y al sistema judicial chileno, poniendo en duda el fallo de la Corte Suprema", planteó el parlamentario.