Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló graves deficiencias en la gestión de los procedimientos disciplinarios dentro de diversos servicios públicos, registrando casos que se han extendido por más de cuatro años sin resolución.
Santiago, 22 de septiembre de 2026. – Lo que debería ser un proceso administrativo ágil para determinar responsabilidades dentro del aparato estatal, se ha convertido en una espera interminable. Un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) analizó los procedimientos disciplinarios realizados entre el año 2020 y marzo de 2026, dejando en evidencia la existencia de "sumarios eternos" en distintas reparticiones del Estado.
El órgano fiscalizador detectó importantes falencias en la dirección, seguimiento y supervisión de estos procesos, los cuales no solo generan incertidumbre administrativa, sino que también representan un importante gasto de recursos públicos debido al tiempo en que los funcionarios pueden permanecer suspendidos o bajo investigación percibiendo remuneraciones.
Los casos más críticos
El ránking de las instituciones con las investigaciones más extensas es liderado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SENPA - Mejor Niñez), el cual registra un sumario con una duración récord de 4 años y 7 meses.
Muy de cerca le siguen los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que acaparan gran parte de los primeros lugares de la lista. El SLEP Santiago Centro anota un procedimiento de 4 años y 6 meses, seguido por el SLEP Atacama (4 años y 2 meses) y el SLEP Chinchorro (4 años y 1 mes).
El sector salud tampoco queda exento de estas demoras. El Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central) registra un sumario de 4 años y 1 mes, mientras que el Hospital San José de Coronel y el Hospital de Santa Cruz reportan casos de 3 años y 5 meses, y 3 años y 1 mes, respectivamente.
Educación y otras carteras en la mira
Además de los SLEP, las instituciones de educación superior y secretarías regionales ministeriales también figuran en el listado elaborado a partir de los datos de Contraloría. La Universidad de Valparaíso (3 años y 3 meses), la Seremi de Educación de Ñuble (3 años y 3 meses) y la Universidad de Santiago de Chile (2 años y 11 meses) son parte del top 20 de demoras.
Otros organismos de relevancia nacional como el Servicio Nacional de Migraciones (3 años y 2 meses), la FACH-DGAC (3 años y 2 meses) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (2 años y 11 meses) también presentan procesos disciplinarios altamente estancados.
El informe de la CGR hace un llamado de alerta a las autoridades de cada servicio para que agilicen la resolución de estos sumarios, ya que la lentitud en la aplicación de medidas disciplinarias debilita la probidad, afecta el clima laboral y compromete la eficiencia de los recursos del Estado.
