La transformación digital ha democratizado la información, permitiendo que voces locales y emergentes lleguen a rincones que la prensa tradicional a menudo ignora.

Sin embargo, este noble propósito ha mutado en un fenómeno preocupante. Bajo la apariencia de "portales informativos", comunidades digitales y páginas de Facebook, Instagram, Tik Tok, etc. operan al margen de la ley, sin ningún tipo de regulación, fiscalización ni responsabilidad ética.

Lo que comenzó como iniciativas ciudadanas se ha convertido en un mercado negro de la noticia: un ecosistema de pseudo-medios que operan en la más absoluta informalidad, lucrando con la fe pública y, paradójicamente, siendo financiados por recursos públicos y privados.

La ley ignorada: Fantasmas jurídicos sin responsable legal

En Chile, la Ley N° 19.733 sobre las Libertades de Opinión e Información y el Ejercicio del Periodismo establece marcos claros para los medios de comunicación social. Estos exigen la inscripción de la empresa editora, la individualización del director, la existencia de un domicilio conocido y la responsabilidad legal ante eventuales delitos de injurias, calumnias o difusión de noticias falsas.

Los pseudo-medios que pululan en las redes sociales ignoran olímpicamente esta normativa. Operan desde perfiles anónimos o gestionados por personas naturales que se escudan tras un logotipo llamativo, un nombre pomposo de "noticiero" y una transmisión en vivo desde un teléfono móvil.

"Cualquier ciudadano tiene derecho a opinar, pero cuando se autodenomina 'medio de comunicación' y ejerce influencia sobre la opinión pública publicando denuncias, juicios de valor y pautas informativas sin un director responsable, se rompe el pacto democrático de la veracidad", advierten expertos en derecho comunicacional.

Al no existir un responsable legal identificable, los afectados por difamaciones, noticias falsas (fake news) o campañas de desprestigio quedan en un completo estado de indefensión. No hay a quién demandar, no hay un tribunal de ética al que apelar, ni un director que dé la cara.

Informalidad tributaria: La evasión a vista y paciencia de todos

El problema no es solo ético o comunicacional, sino también económico y tributario. Estos perfiles operan por completo fuera del sistema formal:

  • Sin Iniciación de Actividades: No existe registro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) que avale sus ingresos.

  • Sin Patente Municipal: Emiten contenidos comerciales y cobran por servicios sin contar con un establecimiento comercial autorizado ni pagar los tributos correspondientes a la comuna.

  • Economía Sumergida: Los cobros por "menciones", "avisos publicitarios" o "coberturas pagadas" se realizan generalmente mediante transferencias a cuentas personales, evadiendo el pago de IVA y el impuesto a la renta.

Mientras los medios de prensa establecidos cargan con los costos fijos de la formalización, pago de imposiciones, sueldos a profesionales colegiados o titulados y patentes comerciales, estos perfiles operan con costos operativos cero y cero fiscalización.

El combustible del sistema: Cómplices públicos y privados

Quizás el aspecto más grave de esta crisis no sea la existencia de estos perfiles, sino quiénes los alimentan. Lejos de aislar la irregularidad, diversas empresas privadas e instituciones públicas (municipios, servicios públicos y corporaciones) han optado por desviar presupuestos de publicidad hacia estas páginas de redes sociales.

Buscando el "impacto rápido" o el "clic fácil", compran servicios publicitarios o financian convenios de difusión con perfiles que no tienen RUT de empresa, que no emiten boletas de honorarios válidas ni facturas, y que operan en la total ilegalidad tributaria.

Al hacerlo, el Estado y el empresariado se convierten en cómplices y promotores de la informalidad. Se destinan recursos de todos los contribuyentes a financiar páginas de Facebook opacas, debilitando a los medios formales que sí cumplen con la ley, pagan impuestos y generan empleo regulado.

Hacia un ecosistema informativo responsable

La proliferación de este lejano oeste digital no solo daña el periodismo o medios formales, sino que degrada el debate democrático y expone a la ciudadanía a la manipulación sin contrapesos.

Es urgente que el Servicio de Impuestos Internos, los municipios y los órganos fiscalizadores pongan la lupa sobre la publicidad digital estatal y privada.

Asimismo, las instituciones públicas deben establecer protocolos éticos y legales estrictos que prohíban la contratación de servicios de difusión con entidades informales.

Informarse no puede ser un acto de fe ciega en un algoritmo. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero la desregulación total y el lucro clandestino son, hoy por hoy, su mayor amenaza.

¿Ha sido testigo de casos similares en su comuna? ¿Cree que las instituciones públicas deben rendir cuentas sobre a quiénes destinan sus presupuestos de publicidad?

Te leemos en los comentarios.