Contra el tiempo se trabaja en el Parlamento para buscar una solución respecto a la Ley de Servicios Básicos -aquella que, por el impacto de la pandemia a las familias, prohibió el corte de suministro en caso de no pago-, la cual expira a fin de mes, en tres días.

La semana pasada la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la prórroga de la mencionada ley por un año más, idea que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, desde donde anunciaron una iniciativa alternativa para financiar de forma tripartita -familias, empresas y Estado- las deudas en servicios básicos que han acumulado las personas durante la vigencia de la normativa.

Según explicó el ministro de Economía, Lucas Palacios, seguir extendiendo la prohibición de cortes de suministro ya no sería sostenible. "Ya no estamos en la mitad de la pandemia, así como estábamos el año pasado.

Se han habilitado los sistemas de apoyo, las herramientas de apoyo por parte del Estado, y ahora tenemos que ir transitando hacia un nivel de normalidad", afirmó. "Es muy malo cuando elementos o políticas que son de emergencia se quedan pegadas para siempre, porque finalmente los ciudadanos son los que salen más perjudicados", agregó, subrayando que "por más buenas intenciones que existan detrás de una política, en la política hay que compensar los distintos objetivos y uno de los objetivos también es hacer que las compañías sean viables, y para eso necesitan que se vayan pagando las cuentas".

Para dar un respiro a la discusión, tanto las compañías integrantes de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas (CGE, Chilquinta, Enel y Grupo Saesa) como las empresas sanitarias, anunciaron la desición de extender la suspensión de cortes de luz y agua hasta el 31 de enero de 2022. Sobre la propuesta del Ejecutivo, Palacios detalló que está pensada "para ir haciendo esta transición, y todas las transiciones son complejas".

Y comentó que esta apunta a implementar "un sistema de pago tripartito y lo que busca es que esa deuda se cancele con un periodo de tiempo suficiente, me parece que son 48 meses, que permite hacer el empalme con un pago permanente de las cuentas de los servicios básicos, y de esa forma, se viabilizarían estas empresas y se permitiría que estas empresas hagan las inversiones que la misma regulación les exige. Y dado que existe una bolsa importante de deuda, entonces, esa deuda se subsidia en una parte significativa".

"Por otra parte, existe el financiamiento por cuotas, que en parte lo financian las mismas compañías, y también hay un pago por parte de las personas", acotó. De este modo, esta solución tripartita, cuya discusión comenzaría en la Cámara Alta, correría solo para deudores de agua y de luz que hayan acumulado deuda durante la pandemia, a partir del 18 de marzo de 2020, cuando se se declaró el Estado de Emergencia.

Con esto, el objetivo es cubrir al 75% de los clientes de agua moros más vulnerables, y a poco más del 70% de deudores de electricidad morosos de mayor vulnerabilidad, lo que define en base a un umbral de consumo establecido para cada servicio.

Ante esto, el ministro Palacios fue enfático al plantear "hay que ser responsables con eso, nosotros tenemos que ir mejorando la provisión de servicios básicos, y para eso se necesita inversión, y si las empresas no pueden cobrar por los servicios que entregan, entonces difícilmente pueden financiar aquello que la misma ley les exige como inversión, por lo tanto, tenemos que ir encontrando ese equilibrio.

Han sido tiempos difíciles, por eso se han habilitado estas leyes, yo me atrevo a decir que con muy buena disposición por parte de las empresas proveedoras de servicios básicos". Lo que sí, recalcó que "nadie quiere que las personas se queden sin provisión de servicios básicos, todo lo contrario. Pero hay que ir buscando esa transición justamente para que se viabilice el pago por parte de las personas, pero también se viabilicen las compañías".