Por EX-ANTE

El 10 de junio, el cofundador y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, dijo ante docenas de asistentes a la presentación de una versión ampliada de un libro con los principios del grupo radical, que la CAM “recuperaba” madera para obtener lo que denominó los “fierros” y los “tiros”.

La declaración en Peñalolén del líder de la CAM —quien fue detenido el 24 de agosto en el marco de una investigación por Ley de Seguridad del Estado— apuntó a uno de los nudos de la crisis de violencia en el sur: el robo de madera y el destino de los recursos obtenidos por su sustracción.

El 31 de agosto el Congreso despachó en tercer trámite el proyecto, que en octubre de 2021 había sido votado en contra por el entonces candidato presidencial Gabriel Boric, junto a los diputados de Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes.

Finalizaba así su paso parlamentario una iniciativa que establece la “sustracción de madera” como tipo penal y determina que “si la madera sustraída tiene un valor superior a las 50 unidades tributarias mensuales (cerca de $3 millones) o si la sustracción obedece a un proceder sistemático u organizado, se podrán aplicar las técnicas especiales de investigación previstas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal”.

Estas son el uso deagentes encubiertos e informantes. El proyecto también incorpora el delito de sustracción de madera a las normas sobre lavado y blanqueo de activos.

El Ministerio del Interior informó entonces en su sitio web que durante la tramitación “el Ministerio del Interior, mediante indicaciones, sugirió realizar una distinción entre el volumen de lo robado o hurtado, toda vez que las técnicas especiales de investigación afectan los derechos fundamentales de las personas”.

Después de eso vino el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, el cambio de gabinete y el viaje del Presidente a la asamblea general de Naciones Unidas, en Nueva York. Así es como su ingreso este miércoles a Contraloría tras su promulgación, pasó inadvertido.

Contraloría está realizando el control de legalidad de la norma para que así quede en condiciones de ser publicada en el Diario Oficial.

Llaitul, mientras, permanecerá en prisión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío de Concepción, luego de que este jueves la Corte Suprema rechazara el recurso de amparo presentado por su defensa.