Como un "precedente" que "deberá ser considerado en otras demandas" presentadas contra el Estado, por acciones ocurridas en la "zona roja" de la violencia en el sur del país, fue calificado el fallo de la Corte Suprema, que el jueves acogió la demanda civil interpuesta por la familia Luchsinger Mackay.

La resolución estableció "falta de servicio" por parte de las policías y ordenó al fisco a pagar una indemnización de $1.000 millones a los hijos del matrimonio fallecido tras un atentado en 2013.

Con ello, representantes de otras víctimas de la violencia consideran que el fallo activará diversas demandas. Por ejemplo, para José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, la resolución "confirma lo que venimos diciendo hace muchos años, en cuanto a que el Estado ha abandonado a las víctimas, entre ellas, a más de 600 camioneros que han sufrido la pérdidas de sus fuentes de ingreso".

Anunció que los abogado del gremio están "haciendo el análisis de cuáles presentaciones se pueden realizar ante los tribunales para que los jueces reconozcan que la Ruta 5 Sur, en esta zona, está desprotegida por el Estado, lo que pone en riesgo a nuestros asociados".

En relación con el caso del conductor Juan Barrios, fallecido el 4 de marzo de 2020, como consecuencia de un ataque incendiario contra el camión en que dormía, Villagrán sostuvo que lo ocurrido "es muy parecido a lo que sufrieron los Luchsinger Mackay, porque él estaba en el lugar donde dormía, comía y trabajaba, al momento de ser quemado.

Para los transportistas, el camión es nuestra segunda casa", y agregó que "el Estado también debe indemnizar a su familia".