El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el debate en torno a la ley que sistematiza los delitos económicos, luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ingresara un "téngase presente" al Tribunal Constitucional (TC) apuntando "vicios de inconstitucionalidad" en la normativa.

La acción del gran empresariado provocó que desde el Congreso reaccionaran, y es que un grupo de senadores decidió también recurrir al TC para defender la ley, la cual contó con un amplio respaldo parlamentarios tras sus cuatro años de tramitación.

Si bien Marcel comentó que "los plantemientos al TC están abiertos a todos los ciudadanos" y espera que el tema "se pueda resolver protamente", subrayó que el proyecto "fue aprobado por una abrumadora mayoría en el Congreso".

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"A mi me tocó estar en el momento en que se votó (...) y la verdad es que fue bastante impresionante el consenso que generó en el proceso legislativo", dijo el jefe de las finanzas públicas. Además, sostuvo que "una medida que tiene ese grado de apoyo y consenso, es importante que cualquier duda sobre su aplicación se pueda despejar lo antes posible.

Según el principal gremio empresarial del país, esta ley atenta contra "el propio orden público económico al 'seleccionar' a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general", además de que contendría una "mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos", siendo, a juicio de la CPC, "una respuesta ideológica que instrumentaliza el Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos".

Mientras que el senador Matías Walker, quien ha encabezado la contraofensiva parlamentaria en esta materia, comentó que "el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente y aumenta la responsabilidad de las personas jurídicas, es un proyecto que lo que busca es proteger la libre competencia, proteger a los que cumplen con las reglas del juego, con el juego limpio, con el 'fair play' y castiga a los que hacen trampa en los negocios y se enriquecen ilegítamente".

"Nosotros tenemos la total tranquilidad de que el TC va a respaldar la constitucionalidad de este proyecto, que tiene un control preventivo y obligatorio, porque hay normas que dicen relación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia", manifestó el senador.