La encargada jurídica del Gobierno Regional del Biobío, Karen Flores, anunció públicamente la presentación de una querella por parte del GORE Biobío en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores en la comisión de los eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho pasivo y cohecho activo.

Lo anterior, en el marco de una investigación desarrollada inicialmente al interior del Gobierno Regional y sobre la cual ya se han despachado antecedentes al Ministerio Público. La indagatoria remite a una funcionaria GORE sorprendida en prácticas eventualmente constitutivas de desvío de fondos públicos.

La profesional, quien se encuentra apartada de sus funciones y que actualmente es objeto de un sumario administrativo, ejercía como contraparte técnica de un programa alojado en la fundación “Mi Hogar Asuncionista” y que contaba con financiamiento del Gobierno Regional del Biobío.

Luego de registrarse una denuncia sobre los hechos descritos, se determinó al interior del Gobierno Regional el inicio de una auditoría, que luego elevó a la puesta en marcha de un sumario administrativo.

En vista de la posibilidad de que los hechos constatados revistieran carácter penal, los antecedentes fueron suministrados al Ministerio Público y ahora se hace presentación de una querella.

Dicha acción ya fue declarada admisible, por lo que ahora resta dar curso a las diligencias que sean requeridas.

“Esta querella se encuentra inserta en una investigación que iniciamos nosotros y en la que detectamos ciertas irregularidades que nos parecen gravísimas. En esta investigación resultó la participación de una funcionaria en la ejecución de un programa, este programa se encuentra ejecutado por la fundación ‘Mi Hogar Asuncionista’, y en la ejecución de este programa esta funcionaria, que se encuentra siendo objeto de un sumario y preventivamente se encuentra suspendida de sus funciones, oficiaba la labor de contraparte técnica, que dice relación con la supervigilancia de la ejecución del mismo programa, labor que también ejecutaba dentro de otros programas que están siendo actualmente cuestionados mediáticamente e incluso siendo objetivo de investigaciones de oficio por parte de la Fiscalía”, indicó Karen Flores, encargada Jurídica del GORE, sobre la eventualidad del desvío de fondos.

“Esta irregularidad nos parece grave, toda vez que nosotros como Gobierno Regional tenemos un especial énfasis en el resguardo de la administración de recursos públicos.

Por lo mismo hemos instruido esta investigación de larga data, que tiene su origen en el mes de marzo aproximadamente, se inició con una denuncia informal por parte de otra funcionaria del Gobierno Regional, se procedió a una auditoría que arrojó ciertos hallazgos que nos parecían de una relevancia jurídica importante, se instruyó un sumario administrativo a fin de recabar mayores antecedentes y perseguir la responsabilidad administrativa de quienes resulten responsables de esta comisión de hechos.

Este sumario actualmente se encuentra en curso, por lo tanto su carácter es reservado, tanto para los intervinientes y para nosotros mismos. No obstante, no quisimos dejar pasar estos hechos que son de una relevancia importante. Nuestra posición siempre ha sido de una total transparencia y total probidad en la ejecución de nuestra labor”, concluyó la abogada.