A más de siete meses de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric a 13 reos, 12 condenados por episodios ligados al estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna, la controversia política por ese hecho aún no está cerrada completamente.

En marzo pasado, la bancada de diputados de la UDI ofició al Ministerio de Justicia para supervisar los planes de reinserción de los indultados. La respuesta llegó hace unas semanas al Congreso.

Mediante un oficio firmado por el director de Gendarmería y retransmitido por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, el gobierno informa que “a la fecha sólo dos de los indultados (por causas ligadas al estallido social) han solicitado la derivación al Programa de Intermediación Laboral”, instrumento voluntario que ofrece el Estado para personas que cumplen condenas en sistema abierto, es decir, con algún tipo de beneficio carcelario que les permite salir de prisión.

A pesar de una persona condenada ser favorecida con un indulto de conmutación de su castigo, los beneficiados igualmente deben cumplir con todas las exigencias y condiciones de la Ley 18.216 sobre penas sustitutivas. Ello los obliga a acreditar una residencia, firmar una vez al mes en un centro de Gendarmería, predeterminado como lugar de control, y también deben informar del “ejercicio de una profesión, oficio y/o estudio”.

Según confirma el oficio de Gendarmería remitido a la bancada UDI, “la población indultada quedó sujeta” a esa normativa.

Para tales efectos, el Programa de Intermediación Laboral ayuda a la obtención de puestos de trabajo y la participación en cursos de capacitación, “insertando laboralmente a aquellas personas que han estado cumpliendo algún tipo de condena en libertad, fomentando la adquisición de hábitos y habilidades sociolaborales, que permitan la adaptación y mantención en un trabajo dependiente o el desarrollo de un emprendimiento laboral”.

En esto los indultados pueden postular a becas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), a ayudas para emprendimientos o a trabajos gestionados mediante convenios de cooperación suscritos por Gendarmería con empresas o entidades públicas.

Sin embargo, el hecho de que sólo dos de los indultados hayan requerido este apoyo, que es voluntario, generó alarma en la bancada de la UDI.

“Se lo advertimos al gobierno, los indultos son la peor decisión política que marcará a Boric durante su mandato, no hubo intención de reinsertar a los delincuentes del estallido social, fue solo un gesto a la extrema izquierda que tuvo un costo político indescifrable hasta el día de hoy”, dijo el diputado gremialista Henry Leal.

El oficio de fiscalización -firmado por Leal y sus pares Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso- buscaba indagar especialmente por la situación particular de seis de los 12 indultados, que tenían un informe negativo de Gendarmería, debido a su alto compromiso delictual. La respuesta del ministerio, sin embargo, no precisa quiénes han solicitado el apoyo para su reinserción laboral.

Pese a las advertencias de los organismos técnicos a fines del año pasado, el Presidente Gabriel Boric, con la venía de su entonces jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, y de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, procedió a firmar los indultos.

Los errores o “desprolijidades”, según admitió el propio Boric en un principio, derivaron en la salida del asesor presidencial y de la titular de Justicia.

Luego el episodio dio paso a una comisión investigadora y a una acusación constitucional contra Ríos. No obstante, la mayoría ejercida por el oficialismo en la Cámara terminó cerrando la puerta para que las ofensivas de fiscalización no continuaran escalando.

Igualmente se presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, de parte de los partidos de derecha, el cual fue desestimado.