Los diputados del Partido Republicano Juan Irarrázaval y Benjamín Moreno presentaron una denuncia en Contraloría dirigida contra la Dirección del Trabajo, debido a la convocatoria a una licitación pública para la impresión de 2.500 libros sobre la "conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en el mundo del trabajo".

Según los parlamentarios, la DT cometió "graves irregularidades" en este llamado, realizado el 10 de julio, pues "de acuerdo a la Ley de Presupuestos 2023 (...), los organismos públicos sólo podrán editar memorias y otras publicaciones por medios electrónicos, salvo que la ley que los regule [a dichos organismos] indique expresamente que se deben publicar en medios impresos".

En este caso, la licitación detalla que los 2.500 ejemplares tienen 120 páginas cada uno y deben ser entregados físicamente, en cajas, al interior de sus dependencias. 

La licitación, en consecuencia, "infringe la Ley de Presupuestos del año 2023, además del principio de juridicidad y el de legalidad del gasto público, pues vulnera las disposiciones a las cuales deben sujetarse y cumplir todos los órganos de la Administración Pública, incluyendo -ciertamente- a la Dirección del Trabajo", plantearon los diputados en un comunicado.

"FIN PROPAGANDÍSTICO"

Según Irarrázaval, "es inentendible que este Gobierno persista en subir los impuestos si hoy vemos que se están usando platas de todos los chilenos para fines ideológicos y que no tienen absolutamente ninguna utilidad para el país. Cuando Chile está clamando por el buen uso de los recursos públicos y habiendo tanta necesidad, ahora se dan el lujo en malgastar dinero en impresiones de libros, lo que está prohibido por la ley que, por lo demás, fue elaborada por este mismo Gobierno".

"Esperamos que la Contraloría vele por esto y tome las medidas que corresponden para que quede sin efecto esta licitación pública, que sólo busca tener un fin propagandístico (...). Esto parece ser una práctica habitual en esta administración, ya que el año pasado, por semejante motivo, tuvimos que presentar una querella criminal contra la Segpres, a cargo de Giorgio Jackson, por la impresión de textos de proyectos constitucionales que ascendieron casi a 600 millones de pesos, que finalmente se botaron a la basura", recordó Irarrázaval, diputado por la Región Metropolitana.

Benjamín Moreno, que representa a la Región del Maule, aseguró, en tanto, que "la impresión de estos 2.500 ejemplares es una prueba más de que para este Gobierno la ideología está por sobre la agenda país y por sobre las reales necesidades de los chilenos".

"La Dirección del Trabajo mediante esta licitación infringe la Ley, por lo que esta licitación debe quedar sin efecto y la Contraloría debe investigar y establecer las responsabilidades administrativas", sentenció el republicano.