El Presidente Gabriel Boric promulgó la ley que sistematiza los delitos económicos -también denominados "de cuello y corbata"- y los atentados contra el medioambiente, iniciativa que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que es parte de la agenda antiabusos del Gobierno.

"Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar. Estoy seguro que esta ley contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años", destacó el Mandatario.

En esta línea, abordó las críticas que ha recibido la iniciativa por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC) -sin éxito- para realizar cambios en ella.

Según Boric, que los gremios empresariales llegaran a todas las instancias terminó por fortalecer esta legislación, aunque lamentó que "a la hora de avanzar en justamente legislaciones de estas características no nos sumemos todos".

Hoy estamos promulgando una legislación, moderna, adecuada y muy positiva. Tenemos un sistema más sólido para tener un Chile más justo", puntualizó el jefe de Estado.

Esta ley "sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente", modifica normas y adecúa penas aplicables en cada caso, con la finalidad de "abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico".

Desde 2008 a la fecha, en Chile se han registrado decenas de casos de colusión empresarial, hechos que terminaron en multas millonarias pero que apaciguaron la sensación de desigualdad ante la ley denunciada por la población.

Empresas de retail, transporte interurbano, medios de comunicación, compañías dedicadas a la producción y venta de pollos, navieras, sociedades médicas, mercado de pañales y papel higiénico, entre otras, son algunas de las áreas que han protagonizado escándalos de este tipo.