Tras iniciarse las actividades académicas escolares del segundo semestre del 2023, la Superintendencia de Educación reveló que el número de denuncias a nivel nacional por maltrato de adulto a párvulo y/o estudiante aumentó cerca de un 25% respecto del primer semestre del 2022.

En concreto, al ser confrontarse las cifras del primer semestre del presente año con el mismo período del inmediatamente años anterior, estas denuncias aumentaron 25,3%. Es decir, mientras que en el 2022 se reportan 858 acusaciones al 30 de junio, el 2023 registra un total 1.075 al mismo tramo de tiempo.

Y es que también se revala que durante los años en que la pandemia del Covid-19 que obligó a que las clases se realizaran de forma remota, se reportan una importante caída en el número denuncias de este tipo.

Así, si en 2018 y 2019 se ingresaron 1.290 y 1.114, respectivamente, en 2020 y 2021 solamente se imputaron 199 y 87 acusaciones respecto de estos malos tratos.

Denuncia por malos tratos

El 40,35% (3.218) de las denuncias que ingresaron a nivel nacional (7.975), entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, están relacionadas con maltrato a párvulos y/o estudiantes. De ellas, la mayoría se concentra en el maltrato físico y/o psicológico entre estudiantes (2.143), cifra que disminuyó un -2,4% con respecto al mismo periodo del año 2022 (2.196). En ese sentido, por estas denuncias hubo en 2018 (1.631), 2019 (1.416), 2020 (222), 2021 (50).

Recomendaciones de la Superintendencia de Educación

A través de su página web, la Superintendencia de Educación llama a que los adultos estén atentos frente a cualquier situación que pudiese afectar o haber afectado el bienestar físico y/o psicológico de los estudiantes que integran las comunidades educativas.

Asimismo, indica que tanto los docentes, asistentes de la educación como la comunidad escolar deben estar informados sobre qué hacer en el caso de presenciar circunstancias que vulneren los derechos de los estudiantes, como gritos, malos tratos, ofensas, golpes, ausentismo escolar injustificado. Además de mantenerse alerta sobre la no atención de las necesidades básicas de los estudiantes, como aquellas referidas a la vestimenta, alimentación o salud, entre otras, que afecten su desarrollo integral.

La normativa señala que los establecimientos deben contar con un "protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes" y que el personal docente y asistente de la educación debe estar capacitado en convivencia escolar.

Asimismo, se señala que es fundamental que "los establecimientos educacionales capaciten a los docentes, asistentes de la educación y directivos en temáticas tanto de vulneración de derechos, como también de maltrato, acoso escolar o violencia. Esto les permitirá detectar de mejor forma estas situaciones, además de tener más herramientas al momento de enfrentar estas contingencias".