La Corte Suprema convocó a pleno para el lunes 28 de agosto, oportunidad en que se definirá el futuro de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, producto de la solicitud firmada por 16 parlamentarios de la República, quienes piden su remoción debido a supuestas negligencias investigativas en casos emblemáticos de la región.

Una petición de la misma índole ya había sido declarada inadmisible en mayo, cuando diputados ingresaron ante la Corte Suprema un requerimiento de destitución de la fiscal. En dicha instancia, la el máximo tribunal estimó que los requirentes no entregaron medios de prueba de "las supuestas inconductas de la autoridad".

Sin embargo, el diputado Leonidas Romero (independiente en la bancada RN), uno de los impulsores de la intentona, había criticado entonces "una defensa corporativa tremenda" y confirmó que iban a insistir, acto que se hizo efectivo el 9 de junio, cuando 16 parlamentarios ingresaron nuevamente un requerimiento de destitución de la fiscal Cartagena.

Este segundo requerimiento -que surgió de las familias ligadas a casos emblemáticos de la zona, entre ellos los parientes del pequeño Tomás Bravo, y de Sergio Mardoff- fue declarado admisible por la Suprema el 19 de junio.

La fiscal Cartagena ya entregó sus argumentos del caso, por lo que ahora serán los 20 miembros actuales del pleno de la Corte Suprema quienes definirán si se hará efectiva su destitución, la cual requiere los votos de al menos cuatro séptimos del total de los integrantes.