Todo una controversia se generó luego de que 24 entidades de regantes y usuarios de derechos de agua desde Arica a La Araucanía acudieran a Contraloría. ¿La razón? Interpusieron una consulta "denuncia", pidiéndole a la entidad que se pronuncie respecto a una determinación que catalogan como un intento de "usurpar" atribuciones que la ley entrega a las juntas de Vigilancia y demás organizaciones de usuarios de aguas.

En detalle, pidieron al contralor Jorge Bermúdez determinar si el intento del Gobierno por instalar los denominados" Consejos de Cuenca piloto" en 16 zonas del país está dentro de sus atribuciones.

Según argumentan, tal determinación atenta hoy contra el principio de legalidad al instalarse nuevos órganos, sin previa ley; se usurpan las atribuciones que la normativa reconoce a las Organizaciones de Usurpaciones de Aguas y se comete una infracción del principio de legalidad en el gasto, dado que no existen en el Presupuesto, recursos que se hayan traspasado a la Dirección General de Aguas (DGA) al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Medio Ambiente o a los gobiernos regionales, para instalar un nuevo órgano administrativo y sus funcionarios en 16 cuencas del país.

Así, la acción ante la Contraloría está respaldada por 24 entidades, que representan 700 mil hectáreas, es decir, el 80% de la totalidad de la superficie regada. Son cerca de mil Organizaciones de Usuarios y unos 2.500 titulares de derecho.

Además, se sumó la Asociación del Biobío y añadió 130.000 hectáreas más contra la instalación de estos Consejos. Al respecto, el Gobierno se defendió y desde el Ministerio de Obras Públicas dijeron a El Mercurio que "se ha enfatizado que las organizaciones de usuarios de agua cumplen un rol fundamental y que el consejo de cuenca no tendría atribuciones en materia de distribución ni prorrateo de las aguas".

También, dijeron que, junto con la Dirección General de Aguas (DGA), se han reunido con juntas de vigilancia de siete regiones para escuchar sus aprensiones y sugerencias ante el proceso. "En ninguna de estas reuniones ni en otras instancias se ha planteado restar atribuciones desde el Ejecutivo a las OUA".

¿Cómo funciona la gestión del agua?

Con todas las declaraciones cruzadas de por medio, hay que conocer su funcionamiento. Hoy, el agua es administrada por las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), entidades privadas y sin fines de lucro, reguladas por el Código de Aguas. Así, son las encargadas de distribuir el recurso entre todos aquellos que poseen derechos.

En los cauces naturales, estas OUA se denominan juntas de Vigilancia, que monitorean el río completo y reparten el recurso entre las Asociaciones de Canalistas-distribuidas por canal- y ellas la traspasan a sus asociados finales. Asimismo, existen 101 juntas de vigilancia, y más de 4.000 canalistas. Toda esta estructura data de 1918, hace 105 años. Por el lado estatal, la Dirección General de Aguas es la encargada de desarrollar las políticas públicas.

"El espíritu de la legislación es la que la labor de distribución de las aguas sea efectuada por quienes son titulares de derechos, lo que ha funcionado de manera exitosa", dicen las asociaciones agrupadas en la denuncia a Contraloría. Sin embargo, la modificación de esta estructura ha sido una aspiración de años. El objetivo ha sido avanzar hacia una institucionalidad que incorpore en su cima una entidad tripartita donde participen la sociedad civil, el Estado y las OUA: los Consejos de Cuenca.

En la Cuenta Pública de 2022, el Presidente Gabriel Boric, dijo que se avanzaría en la instalación de estas estructuras. De hecho, antes, en la Reforma al Código de Aguas se planteó esa posibilidad, pero no prosperó. Incluso, en la propuesta de nueva Constitución apareció nuevamente, pero fue rechazada por amplia mayoría el 4 de septiembre.

Un abogado experto en la materia explicó que "más allá de esa votación, el Gobierno ya estaba trabajando en la estructura de Consejos de Cuenca. Se había contratado a entidades vinculadas a la materia para ir preparando su instalación". Tal es así que en noviembre de 2022 se creó el Comité Interministerial de Transición Hídrica compuesto por los ministerios de Agricultura, Energía, Minería, Ciencias, Obras Públicas y Medio Ambiente al alero justamente de esta última cartera, en circunstancias de que el MOP vía la DGA había sido siempre el responsable del recurso.

La primera medida de este comité fue avanzar en la instalación de Consejos de Cuenca. En total se decidió crear 16 pilotos uno por región en los principales cuencas del país. "La DGA quedaría bajo este organismo como secretaría técnica", dicen los regantes.

Las discrepancias entre las partes

Con todo, las juntas de vigilancia están en alerta. Según el abogado de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, Patricio Urquieta, "es un tema profundamente ideológico, porque lo que quiere el Estado o el Gobierno es controlar el agua, y así lo han declarado de manera oficial las autoridades que están a cargo de implementar los consejos piloto". "No les interesa si las cosas se están haciendo bien o mal", agregó.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente rebatieron esa declaración. "Según los diagnósticos realizados por el Banco Mundial, Chile tiene una brecha en gestión integrada al agua, y al respecto, las recomendaciones de la OCDE y Naciones Unidas señalan que esta brecha debe ser abordada con enfoque de cuenca, integrando elementos como la calidad y cantidad de las aguas, la gestión de aguas superficiales y subterráneas, las fuentes tradicionales de infraestructura y las alternativas, y por cierto, integrando a los distintos actores de la cuenca".

Dicho eso, lo que temen los canalistas es que la distribución del agua quede reducida a determinaciones políticas, con la entidad técnica-la DGA- supeditada a ellas, afectando finalmente los derechos. Lo que más lamentan desde las Juntas de Vigilancias con toda esta situación es que su rol ha sido llevado a cabo correctamente, sostienen.

Llevan 14 años de sequía, con reducciones notorias en los cauces y han continuado con la distribución. Solo lo canalistas han invertido más de US$75.000 millones en obras para alimentar toda la red.

Explicación de Medio Ambiente

Por su parte, la cartera de Medio Ambiente explicó que cuando se hizo la propuesta de trabajo en gobernanza hídrica a los gobiernos regionales, estos manifestaron la voluntad de tener una propuesta de Consejos de Cuenca en cada región. Como resultado, cada Gobierno Regional propuso una cuenca para iniciar el piloto para levantar información.

Las noticias que ha ido comunicando el Ejecutivo a los regantes apuntan a que los Consejos de Cuenca se compondrán de una asamblea de entre 30 a 50 personas; de ellas, habría solo dos representantes de las juntas de Vigilancia. Entre estas organizaciones ven esta disparidad como una forma de disminuir su independencia y anular su rol.

"Es evidente que cualquier persona que quiera tomar medidas de esos factores puede pasar a llevar la distribución. Necesariamente, vas a dejar a una en una posición incómoda a las organizaciones de usuarios, que están siendo subvalorados en su historia, representatividad y en su potencial", destacó el abogado de la asociación de canalistas del Laja, Santiago Acevedo. En la página web de la DGA aparecen varias noticias en línea con avances del proceso de instalación de Consejos de Cuenca piloto.

La última que se destaca es del pasado 1 de agosto y apunta al río Huasco. Casi al final consignan que por las juntas de Vigilancia del río se invitó, "aunque no asistió". Es que hoy tales organismos dicen que no le es factible asistir. No solo la normativa les prohíbe firmar acuerdos en su calidad de junta de vigilancia sino que además sienten que hacerse parte implica validarlos.

La visión de la SNA

Frente a este debate, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, remarcó en una carta a El Mercurio que "cualquier cambio que se plantee en este ámbito debe respetar y potenciar la institucionalidad vigente en sus tres elementos".

Estos últimos son; "la institucionalidad comunitaria, la de los servicios públicos y la de las leyes que son el corazón de la institucionalidad del agua que existe actualmente en Chile, y que es fruto de una tradición y un proceso permanente de mejoras que ha sido capaz de administrar eficazmente un bien escaso".

Para Walker, la modificación del Código de Aguas y el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención "descartaron la instalación de Consejos de cuencas".

Pese a ello, enfatizó en que "el Gobierno está planeando realizar pilotos en 16 zonas del país y es entendible la alerta que ello ha generado en las juntas de vigilancia y otros". Por eso, subrayó que "una de las grandes lecciones que como país hemos aprendido es que el respeto a la institucionalidad a la experiencia y a los cambios consensuados es un pilar fundamental para el avance del país".

"En materia de organizaciones de usuarios de agua tenemos una larga tradición que se inicia desde antes de nuestra independencia y se formaliza al comenzar nuestra vida republicana", cerró.