La necesidad expresada por los locatarios de botillerías en el país, relacionada con revisar la normativa que obliga a solicitar cédula de identidad a todas las personas que pretendan comprar alcohol, hizo eco en el Congreso, y hoy el tema fue debatido en una sesión especial llevada a cabo por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Es que los botilleros aseguran no estar pasándolo bien bajo la ley de Alcoholes que comenzó a regir en el país en 2021, afirmando que esta les ha traído como consecuencia constantes agresiones físicas y verbales, e incluso "amenazas de muerte" de personas que no se toman bien que se les solicite su identificación a la hora de comprar alcohol.

El presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile (Agbotch), Marcial Pérez reiteró a Emol que lo que solicitan "no es que se elimine la ley, sino que se pueda regular de modo de que nosotros tengamos la capacidad de, cuando veamos una persona evidentemente mayor de edad, no tener que pedir la cédula de identidad a esa persona".

Pérez enfatizó en que las consecuencias por incumplir la ley pueden ser graves para los locatarios, ya que "vender a un menor de edad puede costar la patente y ningún botillero quiere perder su fuente de ingreso".

¿Qué dijeron los integrantes de la comisión de Economía?

Ante esa solicitud, la reacción de los parlamentarios fue dispar, sin embargo, hubo transversalidad en mejorar la seguridad a fin de paliar las agresiones, aunque también se manifestó la preocupación respecto a que modificar la normativa podría impulsar el consumo de alcohol por parte de menores de edad. El diputado Daniel Manoucheri (PS) expuso que si dejan a criterio del vendedor la petición de la cédula, "puede haber problemas".

Según dijo, puede haber locatarios que tengan incentivos económicos por vender más, por lo que dijo que sería "un error" retroceder en esta normativa que "resguarda los intereses de vecinos".

"No obstante, el poder buscar todos los mecanismos que puedan permitir buscar mayores medidas de seguridad, pero retroceder en eso sería un error", subrayó. Mientras que el diputado Christian Matheson (Evopoli) defendió la postura de los locatarios. "No es bueno dudar de la responsabilidad de los botilleros.

De partida, son todos mayores de edad y que están arriesgando una patente municipal en el caso de incumplir la ley". "Sin lugar a duda que los botilleros no son los indicados para andar fiscalizando, esa es una labor que le corresponde al Estado", complementó el parlamentario de oposición. En ese sentido enfatizó en que le parece "bastante molesto para un adulto, y fácilmente reconocible como tal, que le estén pidiendo la cédula cada vez que va a comprar alcohol".

Como solución, manifestó que hay que enfocarse en el "control de los clandestinos. Hay juntas de vecinos y autoridades que tienen identificado donde se expenden el alcohol de forma clandestina y yo creo que eso tiene que sancionarse duramente para que no exista".

En tanto, el diputado Víctor Pino (Mov. Avancemos Chile) planteó que "estamos viendo cómo bajar una norma que hasta ahora creo que ha dado resultados. Sería grave. O sea, nosotros no estamos en condiciones de estar en las manos de los jóvenes y su acceso al alcohol a criterio y voluntad de quienes extienden las bebidas alcohólicas".

El parlamentario remarcó su negativa a modificar la norma que obliga a solicitar la cédula de identidad pero expresó una apertura en materia de seguridad.

Tal como lo expresó, "es importante que podamos trabajar este proyecto una vez que este a disposición. Y dar las mejores soluciones, tanto en la materia de seguridad para el sector, y así también para la juventud". Por último, la diputada Sofía Cid (RN) también resaltó la importancia de la seguridad, sobre todo en materia de fiscalización.

"Aquí hay que ver el tema de los clandestinos y agresiones que pasan por un tema de seguridad, y también podría haber un criterio para la solicitud del carnet de identidad, pero habrían que evaluarlo muy bien, porque eso ha ayudado".

Además, al igual que sus pares de la comisión, pidió citar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), para conocer los datos referentes a la efectividad de la ley y su contribución al combate contra el consumo de alcohól entre los jóvenes.