Revuelo ha causado la formación de la Comisión asesora contra la desinformación, la cual dependerá del Ministerio de Ciencia y asesorará al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), cuya creación se notificó esta semana con su publicación en el Diario Oficial.

Este nuevo comité será se abocará a cinco temáticas: Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia; educación y desinformación; alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas digitales/experiencia comparada y políticas públicas y desinformación.

Estará compuesto además por nueve miembros designados por el titular de Ciencia, previa consulta a la Segegob. La comisión será presidida por el ministro de Ciencia, además la integrarán dos representantes de universidades estatales, dos de planteles privados, y uno de una institución fuera de la Región Metropolitana.

A ellos se sumarán tres miembros de una ONG, fundación o de la sociedad civil relacionada al tema y una persona de una organización de chequeo de datos (fast checking). Éstos durarán un año en el cargo y podrán ser reelegidos. Entre sus funciones, por ejemplo, está el recomendar medidas a los ministros de ambos ministerios que contribuyan al desarrollo de políticas públicas. La Comisión será presentada en el mes de julio por el Gobierno.

¿Tendrá pluralidad?

El tema ha abierto algunas interrogantes en la opinión pública, tanto a nivel político como académico. El profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes, Pedro Anguita, planteó que el valor de este instancia, "dependerá del nivel de pluralidad que posea, pues los caminos de acción que proponga dependerán mucho de qué se entienda por desinformación", añadiendo que "podría ser preocupante que haya una organización con medios tecnológicos y financieros que orqueste una campaña con fines políticos".

En el mismo medio, la docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo (UDD), María José Labrador, expresó que "se debe cautelar que esta comisión no tenga sesgos políticos o se instrumentalice para fines políticos".

Avanzar en transparencia

Por otra parte, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, dijo que si bien "todos queremos medidas contra la desinformación, pero para ello se pueden tomar medidas mucho más concretas y eficaces. No sé cuánto aporte la Comisión, habría ver resultados.

Pero es muy claro que serviría mucho más aprobar la Ley de Transparencia 2.0, que permite a toda la ciudadanía tener más información oportuna y fidedigna sobre las materias de más relevancia pública, y por alguna razón se trabó en el Congreso".

Y aunque dijo que es "positivo también la voluntad declarada de transparentar el gasto del Estado, directo e indirecto, en avisaje y publicidad", acotó que "para transparentar este tema no se requiere una comisión, sólo se necesita querer hacerlo. Nada impide que tengamos esta información, incluso antes de fin de año con o sin comisión, me parece que es algo que urge hacer.

Pero si la comisión ayudara a este antiguo anhelo, y aunque sólo sirviera para eso, ya sería positivo. Pero prefiero esperar ver resultados, este tema lleva arrastrándose por demasiado tiempo, por lo que prefiero ser cauto".

Posible censura previa

El jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, manifestó que "me parece pésimo, el camino para combatir las fake news es tener mejores medios (...) Estas son el tipo de instituciones que lo que buscan es limitar la libertad de expresión.

Acá se busca que existan verdades oficiales y las verdades oficiales se oponen a la democracia, en democracia no hay verdades oficiales, no hay un discurso único, no hay una sola forma de ver las cosas.

En democracia se permiten los errores y, si lo son, la Constitución y las leyes establecen sanciones. En democracia la censura no es previa, sino que uno se hace responsable de sus actos ex post y si yo dije una mentira, entonces están los tribunales".

La presidenta y senadora de Demócratas, Ximena Rincón, planteó que "seleccionar un grupo de personas al gusto del Gobierno de turno para decidir cómo ejercer estas libertades, es abiertamente restrictivo.

La regulación de estas libertades y derechos civiles y políticos fundamentales, son materia de ley. Para avanzar, hace varios meses presentamos un proyecto de ley sobre difusión de contenidos falsos. Esperamos que el Gobierno haga lo suyo y envíe donde corresponde sus propuestas para ser discutidas".

"Sin aviso ni consulta"

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) aseveró que "esta comisión tendría por objeto determinar qué de lo que se publica en redes sociales o en los medios sería verdadero o falso, lo hacen por decreto sin medidas ley alguna y sin discusión legislativa en el Congreso.

Le quiero señalar al Gobierno que esto atenta gravemente contra un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, y por cierto, atenta también contra la prensa libre". El senador adelantó acciones incluso en el Tribunal Constitucional.

En tanto, el diputado Stephan Schubert (IND-REP), afirmó que "preocupante resulta la creación, sin consulta y sin aviso, de una comisión en contra de la desinformación. Si bien es cierto, la desinformación debe ser atacada con información, el que se crea una comisión, me parece preocupante. ¿Quiénes serán las personas que se van a poner en esa condición de determinar qué cosas es información válida y cuál no? En una democracia es muy peligroso el comenzar a coartar la libertad de expresión, aún cuando efectivamente nadie quiere que haya desinformación y que circule desinformación".

El jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, planteó que "nos parece de la mayor gravedad que el Gobierno institucionalice una Comisión para definir si las opiniones en los medios de comunicación o en las redes sociales son adecuados o no, nosotros nos preguntamos quién establece la verdad, quién establece cuál es la forma correcta de expresarse o si no se ofende a otro", añadiendo que "la libertad de expresión es un derecho es un derecho que los chilenos han defendido con mucha fuerza".

"Definir bien qué es la desinformación"

El director ejecutivo del Instituto Res Pública, José Francisco Lagos, opinó que "me parece que no es pacífica la creación de esta comisión, porque cada vez que los gobiernos de turno se intentan inmiscuir en qué cosa es y qué cosa no es desinformación, muchas veces omiten la desinformación que incluso ellos promueven o sus propios sectores políticos".

"Por tanto, da espacio a una eventual vulneración de la libertad de expresión que termina siendo mucho peor que la enfermedad. Para eso es clave un rol activo especialmente de la sociedad civil y la promoción de la información verídica, más allá de que un organismo oficial o a través de una ley se establezca lo que desinforma o lo que no desinforma", consideró Lagos.

El abogado y académico de la Universidad Autónoma, Sebastián Zárate, relató que "me invitaron a formar parte de esta comisión (...) Este tipo de instancias a nivel internacional sí existen, en torno a establecer comisiones a nivel parlamentario o coordinadas por el Gobierno o de instancias de la sociedad civil, sobre qué es la desinformación y cuáles son los mecanismos para enfrentarlos".

Frente a las críticas surgidas, el también secretario general de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), manifestó que es necesario "el tratar de definir bien qué es la desinformación, no es sinónimo de control de determinados mensajes (...) sino que son caminos deliberados a la confusión de las personas, en el sentido de que no se trata de mensajes que puedan equívocos o extremos respecto de opiniones, sino que se trata de información fabricada deliberadamente con el ánimo de confundir a la ciudadanía".

"Esto creo que se trata más bien de una instancia, por lo menos ha sido en los países en que se ha desarrollado, bastante transversal y con miras a tener una mejor democracia y una mayor libertad, porque la desinformación lo que hace es coartarla", recalcó Zárate.