El contralor general de la República (CGR), Jorge Bermúdez, ordenó paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que signifiquen el traspaso de dineros del Estado a fundaciones.

Esto, tras el escándalo de los millonarios convenios que firmó la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, entidad representada legalmente por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática), el que ahora está siendo investigada por el Ministerio Público por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

La medida del contralor, instruida a todas las divisiones regionales, fue comunicada públicamente por el propio Bermúdez esta mañana, en medio de su exposición ante la Comisión de Función Jurisdiccional del Consejo Constitucional, reconociendo que "hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos".

"Respecto a las transferencias que se hacen a fundaciones y corporaciones privadas, hay una orden tomada centralizadamente que es suspender la toma de razón mientras no se aclara bien cuál es la situación. Eso evidentemente va a ocasionar que los plazos se extiendan, pero es por una situación puntual que hoy día estamos viviendo y evidentemente era necesario reaccionar", dijo el jefe de la CGR.

Según lo que se conoce hasta ahora, Democracia Viva firmó tres convenios por valor de 426 millones de pesos (unos 450.000 dólares) con el ahora exseremi Carlos Contreras (también militante de RD que había sido asesor cercano de Pérez y quien fue el primero en renunciar una vez estalló el caso a principios de la semana pasada) para, supuestamente, colaborar en la ayuda de viviendas precarias.

El contralor aclaró que la instrucción "es respecto de aquellos actos que se tramitan por la Contraloría; aquellos que no se tramitan por Contraloría, no podemos ordenar esa suspensión". Los procesos que contemplan montos superiores a 200 millones de pesos deben pasar por la revisión del órgano fiscalizador.

En ese marco, planteó que "hacer un fraccionamiento de los convenios o de las transferencias, para evitar el control de legalidad, podría ser algo que haya ocurrido acá, pero eso es presumir una determinada intencionalidad", por lo que "tenemos que averiguar bien lo que ocurrió en este caso".

Bermúdez subrayó que la decisión se mantiene "mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo".

En paralelo, la senadora por Antofagasta Paulina Núñez (RN) emplazó a la diputada Pérez a que renuncie a su fuero parlamentario o que Revolución Democrática, que se hizo parte de la causa con una querella, lo solicite formalmente en tribunales.

Según aclaró ayer la Fiscalía Regional de Antofagasta, Pérez no es investigada como imputada.